El martes 7 de marzo del 2018, el Consejo de Participación transitorio cesó de sus funciones al superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Garantizar la institucionalidad en las entidades con autoridades subrogantes. Ese es el primer objetivo que el Consejo transitorio de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se plantea.
Es decir, su prioridad es nombrar a las autoridades de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), Contraloría General del Estado (CGE) y Procuraduría General del Estado (PGE).
En el caso de la Supercom, Carlos Ochoa fue cesado. Y Carlos Pólit y Diego García renunciaron a la CGE y la PGE, respectivamente.
Este jueves 8 de marzo del 2018, cuatro de los siete consejeros de la entidad se reunieron para hacer un primer análisis de los parámetros que dirigirán estos procesos de designación. Asistieron Pablo Dávila, Luis Hernández, Eduardo Mendoza y Xavier Zavala Egas.
Para esto -según Dávila- primero se deben valorar los parámetros que se utilizaron en los concursos de designación pasados y si las reglamentaciones podrían servir o tendrán que ser derogadas totalmente. Y también definir cuáles son las condiciones que los postulantes deben reunir para dirigir esas instancias de control.
El Consejo empezará, entonces, un proceso de reformas de los reglamentos para la designación de autoridades. Además, no se descarta enviar un proyecto de reformas a la Ley a la Asamblea Nacional.
Estas propuestas de cambios legales estarán a cargo de la Comisión de Concursos que está integrada por los consejeros Xavier Zavala Egas y Luis Hernández. La próxima semana, tercera de marzo, esta instancia deberá presentar un avance de su trabajo al Pleno.
Sobre el proceso de evaluación al resto de autoridades que, en algunos casos, podrían derivar en otras destituciones, los consejeros indicaron que este proceso todavía no ha iniciado. Por lo que -aclararon- el cese de Ochoa no responde a esta actividad, sino a la ejecución de una sanción impuesta por la Contraloría.
La evaluación se iniciará luego de que esté lista la normativa, lo que esperan concluirlo en un máximo de 20 días. También tienen pendiente una reunión con el presidente Lenín Moreno para hacer un pedido conjunto a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para solicitar asistencia internacional.