Hoy se cumplen ocho meses de labores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no hay resultados concretos.
Este es un organismo creado por la Constitución y que pasó por una etapa de transición hasta marzo pasado. En ese mes se eligieron a sus siete miembros definitivos: Marcela Miranda, Fernando Cedeño, Tatiana Ordeñana, David Rosero, Mónica Banegas, Luis Pachala y Andrea Rivera.
Ellos llegaron a esos cargos con tres obligaciones: la lucha contra la corrupción, la promoción de la participación ciudadana y la designación de autoridades de control y justicia del Estado.
La lucha contra la corrupción ha sido su déficit más alto. No se han presentado resultados concretos de las 3618 denuncias que se encuentran en el Consejo.
2 917 fueron heredadas de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y de la Secretaría Nacional Anticorrupción, los organismos dedicados a esa tarea antes de la creación del Consejo de Participación.
También están 315 quejas que recibió del Consejo de Participación Transitorio, que trabajó desde el 20 de octubre del 2008 hasta el 17 de marzo de este año.
Hasta el lunes de la semana pasada, los vocales debían evacuar estos casos. En un informe presentado por la Unidad de Transparencia se reportó que de los 315 casos, 30 están en investigación y solo dos fueron enviados a la Unidad de Patrocinio, que se encarga de impulsar procesos administrativos o penales. El resto fue descartado o archivado.
Este reporte no convenció casa adentro. Mónica Banegas dijo que el informe fue escueto y no explicó cada caso.
Los vocales pidieron una ampliación del reporte, hasta eso tratarán los dos expedientes que fueron trasladados a la Unidad de Patricio. “Si hay indicios, la Dirección de Patrocinio tomará la iniciativa de abrir los respectivos procesos”, recalcó Banegas.
A estas cifras se deben sumar otras 386 denuncias que ha recibido el actual Consejo desde el 17 de marzo pasado. Para este grupo de demandas tampoco hay respuesta y se están evaluando.
Para el asambleísta Luis Morales (Prian), presidente de la Comisión de Participación, el Consejo no ha cumplido su tarea de fiscalización. “No se ven resultados, ni casos abiertos en Contraloría ni en la Fiscalía. ¿Qué han hecho? Nada”.
Pero su crítica también se extiende al área de participación ciudadana, pues, -según el legislador- no ha habido una socialización de la Ley de Participación Ciudadana que permita a la gente reclamar sus derechos ante las instituciones públicas.
Ese es el otro eje de trabajo del Consejo. Para Banegas, sí se ha trabajado en esa área. “Particularmente socializamos cada acción que realizamos, cada decisión resuelta. Es una forma de involucrar a las personas en los procesos que estamos realizando”.
Sin embargo, para el analista Juan Cuvi, lo que se ha hecho es burocratizar la participación. “Debe haber un espacio de la base social que proponga ideas para luego ser procesadas”.
Otra de las competencias es la designación de las autoridades estatales. Los siete consejeros se han focalizado en esa tarea.
Redactaron cinco reglamentos para ejecutar la selección, conformaron veedurías y actualmente trabajan en la integración de comisiones ciudadanas encargadas de elegir a las autoridades.
Sin embargo, hasta finales del 2011 recién serán escogidos el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General, Contralor, y los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Consejo Nacional de la Judicatura.