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La minoría está a un voto de tomar control del Consejo de Participación

Francisco Bravo es uno de los consejeros de mayoría destituidos el 18 de noviembre, en un juicio político en la Asamblea. Foto: Cortesía Asamblea

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) todo se puede decidir con cuatro votos de siete posibles. Por eso, no es un detalle menor la posesión de Olindo Nastacuaz como suplente del organismo.

Nastacuaz es el último en la lista de los cinco candidatos que fueron parte de las elecciones para el Cpccs en 2019. La Asamblea Nacional optó por posesionarlo, luego de que quien estaba adelante en votación, Jaime Chugchilán, renunciara al cargo. Además, Nastacuaz fue el único que asistió al llamado del domingo pasado.  

¿Para qué los votos? 

La raíz del conflicto está en la designación de autoridades, según la lectura que hace el analista político Esteban Ron. Hay un elemento específico sobre este tema: el tiempo. Con los actuales o los nuevos consejeros, este Cpccs no logrará designar al Contralor General del Estado antes de la eventual consulta popular del Gobierno, que está planificada para febrero de 2023. 

Una de sus preguntas tiene que ver con quitarle esa facultad al Cpccs. Pero en caso de que gane el sí, todos los concursos que estén en proceso se declararán desiertos a partir de la publicación oficial de los resultados. 

En ese escenario, la apuesta de ambos bandos en conflicto es hacerse con la mayoría del Cpccs. Esto, debido a que, si no gana el sí en esa interrogante, el nuevo Pleno se aseguraría el control hasta el final de este periodo, en mayo del 2022. 

André Benavides, experto en Derecho Constitucional, señala que la intención del Legislativo es que la minoría -integrada por Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos- tenga posibilidad de instalarse sumando un consejero más. En este caso, bien podría ser Nastacuaz. 

Sin embargo, no existe una base legal para esa posible actuación de la minoría. “Aquí ya solo es la fuerza de las circunstancias y de los votos”, menciona el experto. 

No es la primera vez que Nastacuaz salta a lo público. En las elecciones de 2019 fue uno de los perfiles que aparecieron en la denominada ‘polla participativa’. En ella se incluían a los candidatos por los que supuestamente votaría el expresidente Rafael Correa. 

También constaban Victoria Desintonio, Walter Gómez y Juan Javier Dávalos. Los dos primeros fueron elegidos y, posteriormente, censurados por la anterior Asamblea. Hoy, los dos primeros son asambleístas por el correísmo.  

Disputa en lo interno 

Sofía Almeida dijo el lunes 28 de noviembre que no ha conversado con sus compañeros sobre una posición en conjunto. Añadió que, independientemente de la situación actual, los consejeros que siguen en votación a los cuatro censurados deben posesionarse en la Asamblea. 

El actual presidente del organismo, Hernán Ulloa, expresó que la posesión de Nastacuaz no cambia nada. Ellos (en relación con los cuatro censurados), solamente acatarán decisiones judiciales.  

Pero el centro de este asunto es la designación del Contralor, cada bando quiere el suyo a su medida. El sábado, Ulloa hizo pública la lista de 117 aspirantes.

Almeida insiste en que la crisis actual se origina por el apoyo del Gobierno a la mayoría censurada.

Mientras tanto, Ulloa señala que hay una intención de las fuerzas políticas que votaron por su destitución para tomarse el Cpccs.  

Según Almeida, los concursos deben continuar. Sin embargo, no asegura que deba respetarse todo lo que ha hecho la mayoría hasta el momento. Menciona que, si hay algo por revisar, se debería hacerlo. 

Entre tanto, la lucha interna pasará a instancias legales. Al menos eso se desprende de la última sesión del Consejo de Participación del domingo. La mayoría censurada aprobó una resolución para presentar una denuncia en Fiscalía por una supuesta arrogación de funciones de Almeida y Rosero. La consejera minimizó esa decisión. 

La Asamblea 

El lunes 28 de noviembre, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, manifestó que ya presentaron el pedido de revocatoria de la medida cautelar que mantiene a los consejeros del Cpccs en el cargo. También mencionó que entregaron la información solicitada por el juez de La Concordia. La entrega de esa información era una de las condiciones puestas por el juez para levantar las medidas cautelares.

Pero el tema no es así de sencillo. La constitucionalista Ximena Ron explica que el juez tiene que analizar la documentación y establecer si de ella se advierte que no se cometió la vulneración de ningún derecho. 

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