El Consejo de Participación armó la veeduría sobre Fabricio Correa al apuro

El sábado 26 de junio del 2009, en su enlace sabatino, el Primer Mandatario pidió verbalmente la conformación de una veeduría a los miembros del Consejo de Participación Transitorio.

En ese momento, la intención era vigilar la transparencia de la terminación unilateral de los contratos su hermano con el Estado. En el acta 34 del Consejo Transitorio del martes 29 de junio, los vocales decidieron armar la conformación de una veeduría. Los consejeros César Cárdenas, Carlos Vera, Betsy Salazar y Pablo Cornejo votaron a favor de la creación, mientras que Julián Guamán y Mónica Banegas se abstuvieron. Solamente Oswaldo Ruiz votó en contra, según consta en las actas de esa sesión.

Por la celeridad en cumplir el pedido del Mandatario, el Consejo obvió varios procedimientos como tener un instructivo para la veeduría antes de hacer la convocatoria pública. Los candidatos no tenían una base clara de los requisitos ni de sus atribuciones. El instructivo se aprobó en el Pleno un día antes de que los veedores fueran escogidos.

El 2 de julio del 2009, de los 33 inscritos se escogió a cinco titulares y cinco suplentes, a través de un sorteo público. Los nombres. se escogieron de una ánfora.

En el documento aprobado se estableció que el objeto de la veeduría era “ vigilar la transparencia de la terminación de los contratos de Fabricio Correa”. Pero la veeduría, ya en funciones, presentó ante el Consejo un nuevo instructivo en donde se puntualiza que el objeto de su trabajo será “vigilar la transparencia de los procesos precontractuales y contractuales de los contratos celebrados” entre el Estado y Fabricio Correa.

Este instructivo se lo expuso en comisión general, el 15 de julio del 2009, pero no se lo aprobó. Banegas cuestiona que se haya cambiado el objeto de la veeduría de forma unilateral. Y Chambers afirma porque el objeto de la investigación “era demasiado limitante”.

Gerardo Portillo, otro de los veedores, que pese a la crítica que ahora hace Banegas, nunca les refutaron ese cambio. “¿Por qué se quedaron callados entonces?”.

Otro cabo suelto era que en el art. 5 del Instructivo de Funcionamiento se estableció que la veeduría debía presentar informes parciales y finales dirigidos al Pleno del Consejo. Esto no se cumplió; solo se entregó uno en agosto del 2009: fue de forma colectiva y no por cada comisionado.

La consejera Tatiana Ordeñana dice que todo trabajo de veedurías debe ir acompañado técnicamente. “La veeduría no presentó informes parciales. Lo otro estamos analizando para tomar una postura frente a su informe”.

Un cuestionamiento adicional era que según el cronograma, la veeduría debía durar cinco meses y terminar en noviembre de 2009. Pero duró 18 meses.

Además, seis de los 10 miembros de la veeduría renunciaron a sus cargos por diversas razones. Finalmente, solo quedaron cuatro: Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portillo, José Quishpe y Pablo Chambers (ver compartida).

El constitucionalista Milton Castillo asegura que las veedurías no pueden hacer denuncias, solo tiene facultades de observadores. “Si se cambió el objeto de la veeduría para hacer más cosas que un informe sería una falta de ética, pero mientras el objeto no rebase el observar, está bien”.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), analiza el informe presentado por la veeduría ciudadana y esta semana sesionará para tratar el tema y tener un pronunciamiento en conjunto. Sin embargo, el Pleno del organismo emitió una resolución aclarando que se respetarán los derechos de los ciudadanos, pero han callado frente a la polémica.

Cuatro ciudadanos que están en la mira del Presidente

Semblanzas

Se le cayó un ídolo. Con esas palabras, Víctor Hugo Hidalgo, uno de los veedores de los contratos de Fabricio Correa, habla del presidente Rafael Correa. “Desde que fue Ministro de Economía lo respaldé, ahora me ha defraudado, lo único que hicimos es transparentar los hechos y nos persigue”.

Su casa en La Colmena, en el Centro de Quito, parecía sede de campaña de Alianza País. Tenía las paredes empapeladas de afiches y pósteres con la imagen del Mandatario. “Era como un altar, pero ya boté todo”. El jueves pasado se dedicó a desechar ese material. Lo hizo luego de que el Mandatario anunciara que enjuiciará a los comisionados de la veeduría que él pidió crear.

El recorrido del quiteño de 64 años no es nuevo en veedurías; también integró la comisión para integrar el Directorio del Banco del Afiliado. Se sentía cerca de esa institución en la cual trabajó durante 25 años. Ahora es Director Nacional de Ventas en la empresa Hidalgo Distribuidores, un negocio de productos importados para el gas. Pero si de un pasado político se puede hablar, Hidalgo reconoce que fue candidato a diputado en 1996 por el Frente Amplio de Izquierda, que ahora se fusionó con el partido Socialista.

Otro de los veedores es José Quishpe, quien egresó de un posgrado en Gerencia de Empresas con mención en Finanzas en la Escuela Politécnica Nacional. Fue escogido como secretario de la veeduría por sus compañeros, mientras que en su vida privada es jefe del área de Sistemas de la Fundación Educativa T. W. Anderson, desde el 2000. No tiene simpatía por ningún partido ni ha ocupado cargos públicos.

Decidió participar en la veeduría porque cuando supo de los contratos le surgieron muchas interrogantes y quería descubrirlas. “Nuestra labor fue netamente ciudadana”.

Gerardo Portillo, otro veedor, dice que lo que importa es que las instituciones del Estado hagan seguimiento del informe. Es licenciado en Educación Media y desde el 2008 no trabaja formalmente, sino que atiende un negocio particular. Esto, luego de que saliera de Petroecuador, en donde trabajó desde 1993 en el área de Abastecimiento. “No tenemos ninguna inclinación ni afecto político”, asegura.

El coordinador de la veeduría, Pablo Chambers, es quien ha sido señalado por el Presidente como cercano a Lucio Gutiérrez, porque fue presidente del Directorio de Andinatel en el 2004. Además de ese cargo, Chambers se ha dedicado a la docencia universitaria y ha sido investigador de la

Price Waterhouse. Fabricio Correa, hermano del Mandatario, lo ha señalado por tener 11 juicios en la Corte de Pichincha. Según el registro, tres han sido desestimados y los demás reposan en los archivos del organismo judicial. Sus juicios se encuentran en siete salas de lo Penal, incluidas las desestimaciones; en tres de lo Civil, en una de Trabajo, en una de Inquilinato y en dos de Tránsito.