No hay una norma en donde se encuentre el cargo Ad Honórem. Su condición de no mantener una relación contractual ni percibir sueldo los deja por fuera de la denominación de servidor público. Pero tienen acceso a información y aconsejan al presidente, Guillermo Lasso.
Por su condición, la Asamblea no puede fiscalizar a los denominados consejeros Ad Honórem. La Contraloría solo puede auditar el uso de recursos públicos.
El director de la Escuela de Derecho de la UIDE, Esteban Ron, dice que el Ad Honórem es un término que se otorgó para que no se genere una relación contractual y para que no exista una remuneración.
Lasso recurrió a esta figura desde el 24 de mayo de 2021. Ese día emitió tres decretos ejecutivos con los que nombró consejeros Ad Honórem a Aparicio Caicedo, Carlos Cueva y Luis E. Coloma.
El primero fue para que dé seguimiento al cumplimiento del plan de gobierno. El segundo para llevar adelante la vacunación y el tercero para asesorarlo sobre la desnutrición infantil. Y hasta el 4 de marzo pasado, Lasso nombró cinco consejeros más: Juan Carlos Holguín, en temas estratégicos; Roberto Salas para alianzas público-privadas y Juan José Pons para el sector bananero.
A ellos se sumaron Rafael Cuesta para temas comunicacionales y al exalcalde de Quito Roque Sevilla para aspectos ambientales.
En el sitio web de la Presidencia hay decretos que dejan sin efecto el nombramiento de Cueva y Salas. Pero este último fue nombrado después Secretario Técnico de Asociaciones Público-Privadas.
Las áreas para las que se los nombró no son menores. Por ejemplo, para alianzas público-privadas, el consejero debía gestionar reuniones con inversionistas privados. Holguín era embajador en temas estratégicos. Sus acciones eran asignadas por la Cancillería, cargo que ahora ocupa.
Para Aparicio Caicedo, no se debe satanizar esta denominación. Para él, la corrupción puede ocurrir con o sin Ad Honórem. Él tiene reuniones constantes con el Presidente y el Gabinete. Por decreto tiene la atribución de pedir información a cualquier autoridad del Ejecutivo para cumplir su encargo.
El control de su trabajo
La constitucionalista Ximena Ron dice que la base legal del nombramiento es el Decreto Ejecutivo. Esto lo hace con base en la función que tiene el Presidente sobre la rectoría de las políticas públicas. Pero no tiene base legal ni en la Constitución ni en otra norma.
Ron añade que, si bien la Asamblea o la Contraloría no pueden controlarlos, hay que tener en cuenta que sus acciones son responsabilidad de quien los nombró.
La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Ana Belén Cordero, dice que el artículo 131 de la Constitución es claro sobre a quiénes se puede dirigir un juicio político. Y ahí no está un consejero Ad Honórem.
La Contraloría no puede auditarlos. Este ente controla el uso de recursos estatales y la consecución de objetivos de instituciones públicas y de personas jurídicas que dispongan de recursos públicos.
La Asamblea puede enjuiciar políticamente a ministros o la máxima autoridad de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo o Pública, Superintendencias o a los miembros del CNE, TCE y Cpccs.
Cada Decreto con el que se ha hecho el nombramiento incluye la creación de una Consejería Ad Honórem. En los documentos se plantea que los designados no percibirán sueldo por su trabajo.
No están obligados a presentar la declaración juramentada de bienes en la Contraloría. Según Esteban Ron, tampoco se les exige los mismos requisitos que al resto de funcionarios públicos.
En el Acuerdo 0059, donde está la norma técnica para la contratación de consejeros de Gobierno, se establece que son quienes logran asesorar y proponer políticas y mejoras al Presidente.
En el ojo del huracán
Los cuestionamientos a estos cargos surgieron tras el operativo Danubio. En este caso se investiga una supuesta venta de puestos en la Aduana. Aunque no es parte de los procesados, se ha relacionado al consejero Juan José Pons.
El viernes pasado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que tiene la certeza de que no hay nadie del círculo del Presidente que tenga que ver con los hechos investigados. Agregó que han guardado silencio para no entorpecer el proceso.
Este Diario solicitó al Gobierno la información relacionada con el trabajo, de los consejeros Ad Honórem, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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