Óscar está sentado en su quiosco de diarios de la esquina de la avenida Rivadavia y Rivera Indarte. La gente pasa por allí. Aunque la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reguló la distribución de diarios (solo los canillitas podrán venderlos) es como si poco le interesara el conflicto entre el Gobierno y los medios de comunicación.
“Estoy de acuerdo con lo que hizo la Presidenta de prohibir la venta a los supermercados o estaciones de servicio (gasolineras), lo que veo es que la gente está podrida (harta) de todo esto. Algunos, no muchos, se detienen a revisar la tapa de los diarios, como que están buscando las noticias que prefieren leer”, dice.En el panorama comunicacional de Argentina, hay para todos los gustos. Para aquellos que les gusta el relato oficial o para aquellos de la oposición. Se puede leer Tiempo Argentina, del grupo mediático Szpolski, o el programa de la TV Pública 6-7-8 (seis en el siete a las ocho), confesos adalides del Gobierno; o a otros medios, los independientes, como Clarín, La Nación o Perfil, que mantienen una postura crítica. “O de deliberada oposición al Gobierno”, dice el periodista Marcelo Aimar.
Los Kirchner, en el Gobierno Nacional desde el 2003, siempre tuvieron recelo de la prensa. Sin embargo, cuando detonó el conflicto con el campo (2008), el Gobierno vio en los productores rurales intentos desestabilizadores de la democracia y que los medios de comunicación construían relatos que los perjudicaba.
Tal como contó a EL COMERCIO el prosecretario de redacción de Clarín, Miguel Wiñazki, al Gobierno “no le gustó nuestra forma de cubrir el conflicto y desde allí comenzó una campaña de desprestigio”. Derrotado en las elecciones legislativas del 28 de junio del 2009, en la que cedió el control del Congreso a la oposición, la lectura del kirchnerismo fue “o derroto a Clarín o Clarín me derrota a mí”.
El Gobierno profundizó la campaña comunicacional y se dieron las primeras muestras de polarizaciones. Surgieron con fuerza los medios públicos y la llamada “prensa adicta”, que si bien no crecen en lectoría o audiencia, son los que más dinero reciben de la publicidad oficial.
El grupo Szpolski, por ejemplo, vio que pasaron de recibir por pautaje USD 1,7 millones en el primer semestre del 2008, a USD 5,3 en ese mismo período de este año. Todo lo contrario le ocurrió a La Nación: de 1,5 millones pasó a USD 750 000.
La reglamentación de La Ley de Servicios Audiovisuales se concretó el jueves pasado. Los grupos mediáticos deberán desprenderse de licencias que superen lo estipulado por la Ley en el lapso de un año. Una medida cautelar del Grupo Clarín impidió su aplicación. Aunque Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre este aspecto, dijo ante la prensa que la Ley está suspendida “al que tiene algún beneficio de la cautelar, por lo menos mientras esté vigente’ No impide que esté vigente para toda la población”.
“El resultado es que no se le está creyendo a nadie. La agenda de los canales públicos no tiene nada que ver con los canales privados. Y lo que están olvidando es que quieren que tomemos partido por uno o por otro. Y la ciudadanía termina mirando con desinterés. Son dos años de disputa y no se están resolviendo los problemas de la gente”, dice Adriana Amado, especialista en comunicación de cátedra.
El escritor Martín Caparrós pidió, en un canal, que haya más ecuanimidad en los estudios, respecto al informe gubernamental ‘Papel Prensa, la verdad’ (la supuesta compra de la fabricante de papel diario gracias al terrorismo de Estado) que “este Gobierno a veces toma medidas que a mí me gustarían, pero con un fin que termina por no gustarme”.
El Régimen argentino entiende que el ahogo económico puede aplacar las voces disidentes. Al diario Perfil no le dio publicidad hasta que la Corte se lo obligó en el 2008. Además, le debe más de USD 1 millón a Crítica, que debió cerrar sus puertas a poco más de un año de haber aparecido. Le quitó la licencia para operar Internet a Fibertel, complicando a 1,5 millones de usuarios.