A poco más de cinco meses para los comicios, la Corte Constitucional todavía no ha resuelto las cinco demandas de inconstitucionalidad planteadas contra la norma que regulará las elecciones.
La Corte Constitucional ha dejado de lado el tratamiento del Código de la Democracia por una razón esencial: cinco de sus nueve jueces participan en el concurso para mantenerse en sus cargos.
La última reunión del Pleno en la cual se trató el tema fue el 24 de julio pasado. Desde entonces, el tema ‘ha quedado en la congeladora’, pues los jueces Patricio Pazmiño, Ruth Seni, Édgar Zárate, Manuel Viteri y Roberto Bhrunis, han estado enfocados en el concurso para seguir en la Corte.
Por ejemplo, la semana pasada, los magistrados se dedicaron a comparecer en las audiencias de impugnaciones que presentaron en su contra, por supuesta falta de probidad notoria en el desempeño de sus funciones. La primera impugnación fue contra el titular del organismo, Patricio Pazmiño, por presunto tráfico de influencias y nepotismo.
Así ,uno a uno se dedicaron a responder los cuestionamientos a sus hojas de vida. Por ello, las sesiones del Pleno se suspendieron.
Incluso, algunos funcionarios de la Corte acompañaron a Pazmiño en sus comparecencias, en el Consejo de Participación Ciudadana, que organiza el concurso de méritos para la Corte.
Mientras esos jueces prestan atención a las impugnaciones, las cinco demandas de inconstitucionalidad contra del Código de la Democracia todavía no han sido discutidas en su fase decisiva.
Esos recursos habían sido planteados el 6 de febrero pasado, en contra de un grupo de artículos introducido por el presidente Rafael Correa, durante el veto parcial al Código de la Democracia (ver cronología).
Una de estas modificaciones cuestionadas consta en el artículo 203 de la ley electoral. Esa norma establece que durante la campaña electoral, los medios de comunicación no podrán difundir ningún tipo de información que pueda incidir -directa o indirectamente- a favor o en contra de un determinado candidato.
También se cuestionó el artículo 164, que fija las reglas para la adjudicación de escaños. El Primer Mandatario incluyó el método D’Hondt para la asignación de curules del próximo Congreso.
Según los demandantes, esa fórmula de reparto afecta al principio de proporcionalidad y representación de las minorías.
Además, recuerdan que en el 2004 el ex Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método D’Hondt.
Para la oposición, el que no se resuelvan las demandas contra las normas electorales puede poner en riesgo los comicios del 13 de febrero. “Viviríamos un conflicto jurídico, que crearía un caos”, dice Ciro Guzmán, dirigente de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas.
Sus palabras se refieren a que si se aceptan las demandas luego de los comicios, se podría destituir a los autoridades que ganaron gracias al método D’Hondt.
La Coordinadora presentó un pedido de recusación de los cinco magistrados, el 13 de junio pasado. Lo hizo por considerar que esos jueces no pueden conocer las demandas en que el Ejecutivo es parte procesal, ya que son sus candidatos para la nueva Corte.
No obstante, el 24 de julio, el Pleno de la Corte desechó esas recusaciones, al argumentar que primero debían presentarse las excusas, según la Ley de Control Constitucional. Los jueces aseguraron que ellos recién están en un concurso, lo que no ha garantizado su reelección para la Corte.
Según Santiago Guarderas, abogado de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) que presentó una demanda, esta es una situación compleja, porque los jueces deben resolver el caso y a la vez ser candidatos.
En este escenario, la Coordinadora espera que se les notifique de la resolución del 24 de julio, para presentar otro pedido de recusación, para evitar que los cinco jueces continúen con la causa.
A propósito del concurso a la Corte, hoy vence el plazo para que la Comisión de Selección de la nueva Corte presente la lista de los candidatos que continúan en el concurso, así como de quienes no pasaron las impugnaciones.
Las disputas legales por las reformas al Código de la Democracia llevan más de ocho meses
28 diciembre 2011
La Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia. Entre los cambios figuraron que la elección de asambleístas sea en la primera vuelta electoral y que se aplique un nuevo método de reparto de escaños.
5 enero 2012
El Ejecutivo vetó de forma parcial la reforma a la ley electoral. Introdujo la prohibición para que los medios puedan publicar durante la campaña electoral reportes especiales que afecten o beneficien a candidatos.
10 de enero 2012
Pese a que en primer momento miembros del oficialismo cuestionaron el veto, el bloque de Alianza País terminó por aceptar los cambios planteados. De este modo se mantuvo la restricción a los medios.
6 de febrero 2012
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) y el bloque legislativo de Alianza Libertad presentan demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de algunos nuevos artículos del Código.
7 de febrero 2012
La organización Fundamedios y la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep) también presentaron demandas en contra del artículo que restringe el trabajo de medios en campaña.
1 de marzo 2012
La Corte Constitucional acepta a trámite las demandas de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código.
6 de marzo 2012
La Corte dictó medidas cautelares para que no entren en vigencias las reformas del Código. 20 días después, el caso llega al juez Alfonso Luz, para que presente un informe al Pleno.
24 abril 2012
El Pleno de la Corte Constitucional comienza las audiencias para que las partes involucradas en las demandas expongan sus criterios sobre el Código de la Democracia.
13 junio 2012
La Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas pidió la recusación de cinco jueces: Patricio Pazmiño, Ruth Seni, Roberto Bhrunis, Édgar Zárate y Manuel Viteri. La razón: son candidatos del Ejecutivo a integrar la nueva Corte Constitucional.
12 de julio del 2012
La Corte resuelve levantar las medidas cautelares sobre las reformas a la legislación electoral. Lo hizo luego de un pedido del Consejo Electoral. De este modo, entra en vigencia la restricción a la prensa en campaña.
13 de julio
Una avalancha de críticas cae sobre la Corte Constitucional, por su decisión de poner en vigencia las reformas. Los jueces de minoría cuestionan la resolución porque la decisión se tomó sin el informe del juez Luz.
18 julio 2012
La UNP solicita a la Corte que mantenga las medidas cautelares para que se frenen las restricciones a la prensa en la campaña. El gremio señaló que el pedido de revocatoria era para defender el trabajo periodístico.
19 de julio 2012
La Corte conoció los pedidos de excusas de los jueces que intervienen en el concurso para la reelección como magistrados. Seis días más tarde esos pedidos fueron rechazados. Las demandas están por resolverse.