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La Conaie asegura que pueblo Tundaime, en San Marcos, fue víctima de abuso

El anuncio lo hizo Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en una rueda de prensa. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

El anuncio lo hizo Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en una rueda de prensa. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

La denuncia fue clara: 13 familias del pueblo Tundaime, en San Marcos, provincia de Zamora Chinchipe, fueron desalojadas de su población.

Así lo anunció Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), este miércoles 7 de octubre del 2015, en una rueda de prensa desarrollada en las oficinas de la entidad.

En el evento estuvieron presentes además, Domingo Aucuash, Luis Macas, Luis Saavedra, Nina Pacari y otros representantes indígenas.

Herrera aseguró que intención una de la conferencia de prensa fue hacer una denuncia pública sobre las violaciones por parte de una empresa en Zamora Chinchipe.

Aseguró que sin realizar una consulta previa y sin notificar, se desalojó a las familias de su territorio. Son aproximadamente unas cien personas las directamente afectadas. En la zona existen minas de cobre y de oro. La empresa, dice el dirigente, quiere hacer minería a cielo abierto.

"Ellos tienen escritura pública vigente y en el registro no hay razón para hacer un desalojo", mencionó.

Según el líder, la fuerza pública derrumbó las casas e hicieron una fosa donde enterraron los restos de las viviendas para que no quedara rastro de las construcciones.

Para Herrera, eso fue una violación a los Derechos Humanos y a tratados internacionales. Lo calificó además como evidencia de la entrega del territorio a las transnacionales y empresas chinas.

Durante la rueda de prensa, Luis Saavedra, representante de las familias afectadas en Zamora Chichipe, explicó la situación de la población. Foto: EL COMERCIO.

Durante la rueda de prensa, aprovechó para denunciar los hechos de represión, del que dice, fueron víctimas los habitantes del pueblo Saraguro del 2 al 20 de agosto durante las manifestaciones.

Aseguró que hay gente de Orellana que está siendo acusada de terrorismo y de secuestro.

Luis Saavedra profundizó en el tema de las familias afectadas y dijo que son personas oriundas de la zona, con raíces milenarias. Aseguró que el que exista material valioso en el subsuelo no quiere decir que el Estado pueda quitar territorio a los pueblos. "Eso sería confiscación", acotó.

Nina Pacari dijo incluso que se podría tratar de violación a la propiedad privada y al territorio comunitario.

"La salida es la suspensión inmediata de la empresa. La comunidad debería plantear acción de protección inmediata", finalizó.

Luis Macas, exdirigente de la Conaie, aseguró que hay personalidades en Estados Unidos y Europa que conocen la situación actual del país y están preocupados. "Se debe levantar una campaña para dar a conocer la verdad sobre las injusticias y la represión que hay en el país", finalizó.