30 de September de 2010 00:00

La compra de renuncias fue descartada

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Redacción Negocios

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El Legislativo dejó sin piso el planteamiento del presidente Rafael Correa para comprar renuncias de forma obligatoria a los burócratas. Esto a través de la transitoria décima del veto a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Aquello sucedió ayer durante la sesión para analizar las observaciones al veto parcial del Ejecutivo a esta ley. Con 95 votos a favor, los asambleístas votaron para que este punto, que no constaba en el texto original, no fuera incluido en el documento definitivo.

Este era uno de los cuatro puntos de mayor polémica dentro de la objeción presidencial. Los otros tres están relacionados al ámbito de aplicación del cuerpo legal, el pago de indemnizaciones por jubilación con bonos del Estado y la asignación al ministerio de Relaciones Laborales de competencias para controlar el tema de recursos humanos y remuneraciones en las entidades estatales.

Estos tres últimos aspectos sí se incluirán en el texto definitivo de la Losep conforme al veto del presidente Correa, remitido al Legislativo el pasado 3 de septiembre.

De acuerdo con ello, una vez que entre en vigencia la Ley, los servidores de las funciones Legislativa, Judicial, la Contraloría, etc. se regirán bajo esta normativa en cuanto a remuneraciones y recursos humanos. Así consta en el artículo 3 del cuerpo legal.

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 129 del veto a la Losep, los servidores públicos que se acojan a la jubilación, sea por retiro o por supresión de la partida, recibirán una indemnización, por una sola vez, de hasta 150 salarios básicos unificados. Este monto podrá ser pagado en efectivo o en bonos del Estado.

Esto decepcionó a la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nivea Vélez, quien al iniciar la sesión solicitó a los legisladores que se ratifique este tema tal y como fue aprobado en el texto original de la Ley.

La titular de la Comisión hizo el mismo pedido en otros 20 puntos, que se plantearon a manera de moción en el Pleno. Sin embargo, también hubo un planteamiento para allanarse en más de 45 aspectos de la objeción presentada por el Ejecutivo.

En total fueron 22 mociones, de las cuales se votó para que 14 quedaran de acuerdo al texto original y ocho conforme al veto presidencial. Antes de finalizar la sesión se incluyó una vigésima tercera moción que buscaba ratificar la disposición general vigésimo segunda. Esta se refiere a cambios propios de los organismos de control en materia laboral. Sin embargo no hubo los votos.

El análisis del veto, finalmente tomó cuerpo, hacia las 18:00 cuando el asambleísta municipalista Alfredo Ortiz pidió la reconsideración de cinco de esas mociones: 1, 13, 20, 21 23.

En ese momento, en medio de los gritos de la oposición, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, clausuró la sesión y la convocó para hoy a las 17:00, a fin de reconsiderar estos temas.

Los legisladores salieron del pleno de forma accidentada y se desataron las protestas. Los asambleístas del MPD cuestionaron los resultados del debate. Al grito de “muerte cruzada” se retiraron del edificio de la Asamblea.

Preocupación en los servidores

Los trabajadores de los sectores de salud, educación y ministerios como el de Inclusión Económica y Social (MIES) coparon las barras altas del Palacio Legislativo.

Hortensia Briones, de 57 años, lleva 24 de labor en la Maternidad del Guasmo del Ministerio de Salud. Es enfermera.

Al igual que a sus compañeros, le preocupa la inestabilidad que pudiera causar la nueva Ley de Servicio Público. “Yo he invertido en mi capacitación, conseguí una maestría en gerencia hospitalaria en la Escuela Politécnica del Litoral. Ahora no sabemos qué pasará con la estabilidad laboral”,dijo.

A Germán Ramírez, secretario de archivo del MIES, no le gustaría recibir bonos como parte de su liquidación. Ha laborado 24 de sus 52 años y cree que esta ley no es beneficiosa para los servidores públicos y que el tema de la compra de renuncias no es nuevo.

Insistió en que si los dejan en la desocupación, no les servirá los bonos. “No queremos papeles sino dinero para invertir y empezar negocios”.

A la Asociación de Direcciones Provinciales de Educación, que agrupa a 3 000 servidores, le inquieta la posible supresión de partidas sin estudio técnico.

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