Diana Atamaint, presidenta del CNE, compareció el miércoles pasado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El trámite del pedido de juicio en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en evidencia nuevas denuncias, aparte de los cuatro motivos que llevaron a los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, de Creo, a impulsar este proceso.
Atamaint acudió el miércoles pasado (22 de enero del 2020) a presentar sus descargos y negó haber incumplido sus funciones, en la organización de los pasados comicios en Los Ríos, en el pedido de consulta popular de Yasunidos, en la contratación de personal y en la aplicación del reglamento sobre auditoría de procesos electorales.
La preocupación de los bloques de Alianza País, Creo e independientes, sin embargo, se mantiene sobre otros dos elementos: un supuesto “reparto de puestos” en el organismo, y versiones de que no solo en Los Ríos sino en otras provincias, como Manabí, hubo supuestas irregularidades en las últimas seccionales.
Todo eso fue ventilado por Enrique Pita y Luis Verdesoto, consejeros de minoría del organismo, durante sus comparecencias; aunque Atamaint y sus aliados Esthela Acero y José Cabrera lo negaron.
“He visto muchas intervenciones con preocupación”, dijo el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), el jueves pasado, un día después de que la Comisión de Fiscalización terminara de recibir las pruebas. Esta tarea tomó 15 días.
“Algunos consejeros del CNE han manifestado públicamente un supuesto reparto de las administraciones provinciales; ¿cómo una persona que está recluida hace una declaración virtual y manifiesta cuál fue el proceso para su designación?, cuando una consejera recomienda a la Presidenta su nombre”, añadió.
Por eso, Litardo pidió que el caso vaya al Pleno para su resolución. En eso también coincidió el vicepresidente, César Solórzano (PSP), del Bloque de Integración Nacional (BIN). Para Atamaint, las denuncias de Pita y Verdesoto son “infundadas”.
En principio, la Comisión tenía plazo hasta este 27 de enero para presentar el informe, pero decidió solicitar una prórroga de cinco días para terminar con su tarea.
A partir de hoy los comisionados entrarán a revisar y valorar las pruebas.
El hecho que de los 13 legisladores que componen la Comisión, 11 pertenezcan a la mayoría parlamentaria compuesta por AP, Creo y legisladores independientes que impulsan el trámite, puede garantizar que el caso pase al Pleno. Se requiere de siete votos para la aprobación.
En el Pleno, sin embargo, la coalición -de 78 legisladores- está lejos de conseguir los 91 votos que se necesitan para que esta causa termine en censura y destitución de la máxima autoridad del CNE.
El Partido Social Cristiano (PSP) y el correísmo controlan 45 curules. Y si no dieron sus firmas para esta solicitud, tampoco lo harán para que Atamaint sea destituida.
“La gestión administrativa del CNE ha sido complicada, pero yo creo que aquí lo que se ve es un afán clarísimo de Creo para tumbar a la Presidenta”, sostuvo el socialcristiano Esteban Torres.
Sin embargo, para la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), se trata de un proceso “bastante sustentado y documentado”. Aseguró que reúne más de 8 000 hojas.
Trámite del pedido de juicio político contra la presidenta del CNE
28 de noviembre del 2019
Con 44 firmas de respaldo, entre ellas la de César Litardo, los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, de Creo, solicitaron juicio político contra Diana Atamaint.
10 de diciembre del 2019
Por unanimidad, el Consejo de Administración de la Legislatura, que encabeza Litardo como Presidente, calificó la solicitud y la envió a la Comisión de Fiscalización.
7 de enero del 2020
La Comisión arrancó con el trámite y fijó un cronograma de comparecencias. Además de los interpelantes, debieron acudir los demás consejeros del CNE.
22 de enero del 2020
Terminó la presentación de las pruebas para este proceso. La última en comparecer fue Atamaint, quien negó haber incumplido con sus funciones previstas en la ley.