La comisión pluripartidista ad hoc realizó este lunes, 4 de julio del 2022, la audiencia de práctica de pruebas de cargo y de descargo sobre la denuncia presentada por el correísmo en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID).
Además de Guamaní, quien acudió con su abogado, André Benavides, se presentaron los jefes de bloque de la ID, Marlon Cadena; del oficialismo, Juan Fernando Flores, y asambleístas de Pachakutik a favor y en contra del pedido de destitución.
“Aquí lo que se está buscando es sacar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional para que con dos espacios vacíos se sienten a negociar una nueva mayoría, a quién ponen aquí y a quién ponen acá. No están debatiendo realmente sobre una denuncia”, señaló Flores.
Entre interrupciones y críticas de Mireya Pazmiño (PK), añadió que “en esta mesa que están tomando esta decisión contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea ya hay una precandidata a ocupar estos espacios”.
Esto, mientras el Parlamento todavía no designa un primer vicepresidente en reemplazo de Virgilio Saquicela (ind.), quien asumió la Presidencia el 31 de mayo pasado, cuando la mayoría compuesta por el correísmo, PSC, los denominados rebeldes de Pachakutik y disidentes de la ID destituyó a Guadalupe Llori (PK).
El Jefe de bloque de la ID demandó que la comisión, que controla la oposición legislativa, actúe apegada a derecho para no cometer un acto de injusticia.
“Ustedes habrán visto que este proceso, que esta denuncia, que este expediente, adolece de una finalidad y un objeto claro. En ese sentido, es necesario que actuemos en concordancia, en apego a la parte técnica, al derecho, para que no cometamos una equivocación y, lo peor, una injusticia”, sostuvo Cadena.
El asambleísta Rodrigo Fajardo (ID) rechazó que Jahaira Urresta, del bloque correísta de Unes, haya denunciado a Guamaní por haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad del Parlamento para derogar leyes en materia de tributos.
“No se puede sancionar a un asambleísta por mocionar”, dijo Fajardo, tras presentar un informe sobre las irregularidades que, a su juicio, se vienen cometiendo en esta causa.
La acusación
Urresta replicó que los asambleístas sí tienen la facultad de mocionar, en “situaciones totalmente apegadas al ordenamiento jurídico”.
Adujo que la moción relacionada con la suspensión de la calificación del proyecto de ley, provocó una “demora innecesaria”, en el procedimiento que debía seguir el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
“Lo que propuso la asambleísta Guamaní era abiertamente ilegal e inconstitucional. Todos los servidores públicos, únicamente estamos permitidos hacer lo que la Constitución y la Ley nos permiten”, apuntó.
De las tres horas que tenía para sustentar la denuncia, Urresta se tomó menos de 15 minutos.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, concordó en que la denuncia contra Guamaní podría generar un “precedente negativo” para el Parlamento.
“Creo que no existe aquí, por esta denuncia, por este hecho concreto, una causal que justifique una sanción”, sostuvo.
“Proceso viciado”
André Benavides, abogado de Guamaní, argumentó que este proceso “está viciado”. Señaló que la conformación de la comisión se dio sin paridad de género (solo la integran mujeres), habló de irregularidades en el acto administrativo para designar un secretario ad hoc. Además, cuestionó que la presidenta de la comisión, Patricia Mendoza (Unes), haya firmado la denuncia y dijo que debía excusarse de este proceso.
Acotó que la responsabilidad de órganos colegiados como el CAL no es individual, sino compartida. Refirió que a la fecha se han presentado 267 proyectos de ley; de ellos, “12 proyectos de ley no han sido calificados dentro de los 60 días” por el CAL.
Respecto a la propuesta de ley derogatoria de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, Benavides mencionó que existe una antinomia por lo determinado en el artículo 140 y el artículo 135 de la Constitución, donde se precisa que solo el Ejecutivo puede crear o derogar tributos.
Benavides refirió que un informe de la Unidad de Técnica Legislativa señaló que dicho proyecto de ley no cumple con los requisitos formales.
Con base a estas pruebas, la Comisión deberá presentar un informe para el Pleno, donde se recomiende la destitución de la vicepresidenta o el archivo de la denuncia.