El veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Participación Ciudadana fue cuestionado ayer por la comisión legislativa que se encargó de tramitar esta iniciativa. A través de la objeción presidencial, se propone que los medios de comunicación social rindan cuentas a la ciudadanía anualmente.
Según la lógica del presidente Rafael Correa, los medios brindan un servicio público y, por lo tanto, deben ser susceptibles de este tipo de procesos.
En franca contradicción, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea cuestionó el alcance del veto, pues dice que se debe garantizar la independencia de la prensa. Galo Lara (Sociedad Patriótica), vicepresidente de esa comisión, señaló que la objeción es una estrategia del Ejecutivo para inmiscuirse en el trabajo periodístico de los medios.
Seis asambleístas de la Comisión de Participación dieron forma a este pronunciamiento. Los oficialistas Hólger Chávez, María Soledad Vela y Mercedes Diminich se abstuvieron.
Vela opinó que los medios de comunicación ofrecen un servicio público que afecta a las personas. Por lo tanto, rendir cuentas no interfiere con su independencia periodística. Además, recalcó que la decisión sobre el veto será asumida por el bloque.
La Comisión de Participación Ciudadana es la única de toda la Asamblea Nacional que no cuenta con una mayoría del oficialismo; está controlada por los grupos opositores. El Prian ejerce la Presidencia.
De otro lado, la Comisión ocasional de Comunicación analizará el nuevo Consejo de Comunicación, una vez que concluya el debate interno sobre el papel que deberán tener los medios privados, públicos y comunitarios.
Así lo confirmó Mauro Andino (A. País), integrante de dicho organismo, antes de ingresar a la sesión realizada ayer, a partir de las 15:30, en la Asamblea Nacional.
Al encuentro asistieron, por el oficialismo, María Augusta Calle, Betty Carrillo, Rolando Panchana y Jimmy Pinoargote. Por la oposición, en cambio, estuvieron Lourdes Tibán (Pachakutik), Fausto Cobo (Sociedad Patriótica) y César Montúfar (Concertación Democrática Nacional).
Según los integrantes de la Comisión Ocasional, los diversos puntos de vista existentes en lo que respecta a los medios públicos, privados y comunitarios han retrasado el avance de la nueva Ley, la cual debe ser presentada en el Pleno el próximo 5 de abril.
Fausto Cobo considera que los representantes del oficialismo están dilatando el proceso para aprobar el texto sobre la hora y presentarlo ante el Pleno. A su juicio, no existe voluntad política para avanzar de acuerdo con la premura que exige esta nueva Ley.
“Los de Alianza País no vienen y encargan sus funciones a los suplentes. Si es que no existen las ganas de trabajar en esto, el tema se agota”, dijo el legislador.
Este punto de vista es diferente al de Andino, quien opinó que el debate ha hecho que la Ley no avance con rapidez. Andino explicó que la prioridad de la Comisión es respetar el acuerdo político alcanzado con los legisladores de la oposición en diciembre pasado. Para Montúfar, la Ley de Comunicación no debería tener un plazo fijo y ratificó su posición de que si la bancada oficialista rompe el acuerdo, se debería pensar en la revocatoria del mandato de los asambleístas.