Comisión de la Defensoría del Pueblo espera tener informe sobre el paro hasta marzo del 2020

El objetivo de esta Comisión es investigar las posibles vulneraciones a los  derechos humanos durante el paro de octubre del 2019 en Ecuador. Foto: EL COMERCIO

El objetivo de esta Comisión es investigar las posibles vulneraciones a los derechos humanos durante el paro de octubre del 2019 en Ecuador. Foto: EL COMERCIO

El objetivo de esta Comisión es investigar las posibles vulneraciones a los derechos humanos durante el paro de octubre del 2019 en Ecuador. Foto: EL COMERCIO

Este martes 14 de enero del 2019, la denominada Comisión de la Verdad y la Justicia creada por la Defensoría del Pueblo, mantuvo una reunión de trabajo. No estuvieron previstas audiencias para escuchar a ciudadanos que denuncian que existió una vulneración a sus derechos humanos durante el paro de octubre del 2019.

El lunes 13 de enero esta comisión inició con esa labor. Sybel Martínez, presidenta de esa instancia creada para investigar los hechos de los 11 días de crisis que vivió el país, señaló que, en el primer día, cerca de 20 personas se acercaron a la Defensoría para dejar su testimonio.

El objetivo de este Comité es investigar esas posibles vulneraciones a derechos humanos, según lo comentó Martínez. La conformación de esta instancia fue anunciada a finales del año pasado por el mismo defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

Durante este tiempo, el comité ha desarrollado la metodología para recolectar la información con la que se elaborará un informe hasta finales de marzo del 2020. Ese documento, señaló Martínez, será entregado con sus respectivas conclusiones y recomendaciones a Carrión.

Este lunes, el Defensor del Pueblo señaló que se ejecutarán dos acciones por parte de la institución que preside para garantizar la seguridad de las personas que presentarán sus casos.

La primera es la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La segunda tiene que ver con un pedido de cumplimiento obligatorio a las autoridades del Estado. La finalidad de esta última es “proteger los derechos de las víctimas”.

Asimismo, este lunes se cumplieron tres meses desde que el Gobierno Nacional y el movimiento indígena se sentaron en una misma mesa para acordar el fin a las movilizaciones en contra del Decreto 883 con el que el Ejecutivo eliminó el subsidio a los combustibles.

Los hechos que ocurrieron entre el 3 y el 13 de octubre pasado se ha analizado en la Asamblea Nacional, entidad que emitió un informe sin determinar responsabilidades políticas. También existen procesos iniciados en la Fiscalía en contra de dirigentes de la Conaie.

La Comisión de la Verdad, además, espera como un insumo los informes que hasta el momento no han emitidos la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su vista al país entre octubre y noviembre pasados.

La instancia creada por la Defensoría del Pueblo recibirá los testimonios hasta el próximo 14 de febrero del 2020.

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