Comisión recibió a afectados por el paro y al Prefecto del Azuay, quien se identificó como 'rebelde con causa'
Yaku Pérez señaló que es un rebelde con causa en la Comisión Multipartidista. Foto: Cortesía Asamblea
A la Comisión Multipartidista de la Asamblea que investiga los hechos relacionados con las protestas que se dieron entre el 3 y el 13 de octubre acudieron este martes 5 de noviembre del 2019 afectados por los actos de violencia y el prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel, quien se identificó como parte de los "rebeldes con causa".
Pérez Guartambel negó haber participado de un intento de toma del Palacio Legislativo, el 8 de octubre, y advirtió que la denuncia presentada en su contra por el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) podría ser calificada de maliciosa y temeraria.
Aseveró que nunca ingresó al edificio de este Poder del Estado, sino que solamente llegó a una concentración que se dio en los patios del Parlamento ese día.
Asimismo, deslindó responsabilidades con los actos de violencia y los daños que se registraron durante las manifestaciones, y los definió como "los accidentes, los efectos" del descontento social.
Incluso parafraseó a Martin Luther King, activista estadounidense, para señalar que a menudo un acto ilegítimo desemboca en desobediencia civil.
Pérez Guartambel adujo que dos de los actos de violencia procedieron del Gobierno. Por un lado, al suscribir una carta de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego al emitir el Decreto 883 para retirar el subsidio a los combustibles.
Sostuvo que el objetivo de las protestas organizadas por la Conaie no fue la salida del presidente Lenín Moreno, sino que "rescinda" el acuerdo con el FMI y que derogue -como lo hizo- a dicho Decreto.
Durante su intervención, que fue respaldada por el asambleísta de Pachakutik y vicepresidente de la Comisión, Jaime Olivo, Pérez dijo que de lo que se trató fue de un levantamiento indígena y remarcó que se deben juzgar las causas de estos hechos.
"Somos rebeldes con causa. Somos subversivos contra la corrupción", mencionó el también expresidente de la Ecuarunari, filial de la Conaie.
Pidió a la Comisión que se establezcan responsabilidades por la muerte de 11 personas durante las protestas, a las que catalogó de "delitos execrables".
Pérez Guartambel se solidarizó con Jhajaira Urresta, una mujer que perdió su ojo izquierdo como producto del impacto de una bomba lacrimógena por parte de un policía antimotines y que también compareció en la Comisión este martes.
Tras escuchar su relato, los asambleístas se solidarizaron con ella y señalaron que si hubo un exceso en la fuerza pública deberá ser sancionado acorde a la Ley.
Urresta, a momentos con su voz entrecortada, dijo haber recibido también la solidaridad de Roque Moreira, excomandante de las Fuerzas Armadas, de quien dijo la visitó en el hospital poco antes de que fuera relevado del cargo.
Testimonio de Jhajaira Urresta
También acudieron a la Comisión, Inés Martínez y Juan Carlos Palacios, de una asociación de floricultores de Cotopaxi. La legisladora del correísmo Doris Soliz se retiró cuando se aprestaban a dar sus testimonios.
"Aquí los vulnerados fuimos todos, toda la sociedad civil. No hubo quién nos defienda", dijo Martínez, quien se identificó como una de las víctimas de los actos vandálicos.
"A mí me secuestraron con guante blanco. Me siento ultrajada, nos impidieron trabajar. Vivimos días de miedo. Civiles controlando a la sociedad civil. No había Estado", agregó.
Sostuvo que lo ocurrido da cuenta que hay "resentimiento social y prejuicio contra los empresarios". Dijo que los agresores eran personas de otras comunidades.
El presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, Santiago Vargas, señaló que en esta provincia vivieron una situación de abandono por parte de las autoridades locales. "Incluso el gobernador es mi amigo, pero salió corriendo", dijo.
Entre los hechos más graves aludió al corte del servicio de agua potable para Ambato y a que no se permitiera el paso ni siquiera de vehículos del sistema de salud pública, lo que puso en riesgo la vida de 40 neonatos.
Vargas calculó que las pérdidas solo en Tungurahua ascienden a unos USD 140 millones, entre esas 500 000 aves muertas (pollos).
El empresario mencionó que su gremio ha decidido impulsar acciones legales contra los responsables. Identificó a una concejala de haber proporcionado escudos para los manifestantes.
En cambio, Johana Orbe, representante de Acción Jurídica Popular, denunció ante la Comisión que hubo detenciones arbitrarias en Quito por hechos como el incendio de la Contraloría General del Estado y la toma de la Asamblea.
Sus comparecencias se dieron por cuatro horas en la Comisión Multipartidista que tiene plazo hasta el 23 de noviembre para entregar un informe para el Pleno.
