Comisión Anticorrupción y Corporación respaldan propuesta para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana
Este viernes 2 de octubre del 2020, la Comisión Anticorrupción y una organización no gubernamental respaldaron la iniciativa ciudadana de reforma constitucional para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Twitter Asamblea Nacional
La Comisión Anticorrupción y una organización no gubernamental respaldaron hoy, viernes 2 de octubre de 2020, la iniciativa ciudadana de reforma constitucional para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Lo hicieron ante la Comisión de Enmiendas de la Asamblea, en donde se prepara el informe para el segundo debate del proyecto que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática y que también busca transformar a la Legislatura en bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía.
El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, remitió un oficio a la mesa, en el cual señala que suprimir al Cpccs “responderá al principio de no intervención del Estado en la vida de la sociedad”.
Señaló que dicho organismo, que fue creado con la Constitución de 2008, se convirtió en una “una oficina gubernamental a través de la cual se montó un sistema de designaciones a nombre de la sociedad”.
“La sociedad civil se representa a sí misma, no la deben organizar o atribuirse su representación el Estado o los sujetos privados. En el primer caso porque se incurre en el despropósito de estatizar a la sociedad civil y en el segundo caso porque se distorsiona su carácter intrínseco en el marco de pretensiones que no corresponde al interés colectivo”, agregó.
Asimismo, en una comparecencia vía telemática la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, sostuvo que el Cpccs fue creado para luchar contra la corrupción, la designación de organismos de control y la promoción de la participación ciudadana, pero que no se han cumplido estos objetivos.
Añadió que el Consejo tampoco ha luchado contra la corrupción y, por el contrario, varios de sus integrantes fueron judicializados por actos reñidos con la ley. Y que es un “órgano superpoderoso que no rinde cuentas a nadie”.
“La designación en el Legislativo, en el Parlamento, de los organismos de control, nos da una garantía a los ciudadanos porque, al fin y al cabo, los asambleístas pueden rendir cuentas, no así al Consejo de Participación Ciudadana que no rinde cuentas a nadie”, insistió.
Asimismo, Mónica Banegas, exconsejera de este organismo y actual directora de la Fundación Haciendo Ecuador, concordó en que el Consejo “le queda debiendo al país en la lucha contra la corrupción”.
Sin embargo, en vez de eliminarlo, planteó que se lo mantenga con la tarea específica de: promocionar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas como ente de coordinación con la sociedad civil.
La presidenta de la Comisión de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, consideró que la rendición de cuentas debe mantenerse y podría ser atribución de la Contraloría como parte del control permanente a los funcionarios públicos.
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