Hoja de vida
Juan Cuvi
Su vida. Con 52 años de edad, está casado y tiene una hija. Estuvo preso cinco años por la muerte del empresario Nahim Isaías.
Su experiencia. Es sociólogo y ha trabajado más de 20 años con monseñor Alberto Luna Tobar al frente de dos fundaciones.
Su punto de vista. El Gobierno sigue las pautas socialcristianas en lugar de liderar un gran debate sobre la inseguridad ciudadana.
¿A qué le suena la política de publicitar en los medios a los 10 delincuentes más buscados?
Me parece lamentable que las políticas de seguridad del Gobierno tengan tanta coincidencia con las políticas aplicadas por regímenes de derecha, fundamentalmente el de (el presiden-te León) Febres Cordero, entre 1984 y 1988.
¿Por qué?
Porque desde un Gobierno que se supone de izquierda debería plantearse otra lógica de enfrentamiento del problema de la seguridad.
¿Qué tipo de lógica?
Históricamente, desde la izquierda se puso mucho énfasis en dos elementos: uno, la prevención y, dos, la defensa estricta de los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos prácticamente han desaparecido…
Justamente se está dejando de lado la doctrina de la defensa de los derechos humanos como un principio fundamental.
¿Este Gobierno no defiende los derechos humanos?
Actualmente existen unos 200 dirigentes sociales enjuiciados o perseguidos, de alguna manera.
¿Como quiénes?
Algunos están clandestinizados. Por ejemplo, en el caso de Nabón, en Azuay. Los ocho sentenciados están prófugos y en esa situación se hubiera esperado que las organizaciones de derechos humanos estuvieran en una actividad de reclamo, estar todos los días en la Plaza Grande denunciando, pero eso ya no sucede.
¿Por qué esas organizaciones han sido asimiladas por el Gobierno?
Prácticamente existe una anulación de las organizaciones de los derechos humanos.
¿Y algunos dirigentes hoy son parte del Régimen?
Obviamente. Algunos de ellos son funcionarios del Gobierno, Entonces, cuando uno ve eso piensa que toda esa lucha por la defensa de los derechos humanos frente al poder y frente al Estado es la defensa del ciudadano frente al abuso de la autoridad.
¿Existe abuso de autoridad en el actual Gobierno?
Es que un discurso que supuestamente integra y democratiza una sociedad, pero eso no es cierto. Obviamente eso conspira contra la fortaleza de la sociedad civil y favorece a quienes controlan el Estado, bajo el supuesto de que el Estado nos representa.
¿Y es antiético que esas organizaciones, tan activas contra gobiernos anteriores, ahora hagan silencio?
Yo rescato el caso de Fernando Gutiérrez, el defensor del Pueblo. Cuando él se pronuncia contra la consulta popular, prácticamente le cuesta el cargo, solo porque ejerció el derecho de poner en duda una propuesta electoral.
¿Fernando Gutiérrez es uno de los pocos coherentes que quedan en la defensa de los derechos humanos?
Ha actuado con mucha coherencia respecto del tema de la consulta y otros asuntos.
Vamos al tema de la coincidencia que usted establece entre las políticas de seguridad de los socialcristianos y de los actuales gobernantes.
La finalidad es la misma. La propuesta de (el alcalde de Guayaquil, Jaime) Nebot es mucho más represiva que la del Gobierno, pero ambas van en la misma línea.
¿En la misma línea?
Claro. Nebot se atreve a calificar las propuestas del Gobierno de ser prodelincuenciales porque no son tan duras y drásticas como las que él quisiera, pero en el fondo hay una tremenda coincidencia de acciones.
¿Cómo entender una coincidencia entre dos propuestas ideológicas distintas?
Lo que pasa es que existe un puente de carácter ideológico-jurídico entre el febrescorderismo y correísmo que se llama Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
¿Por qué Alexis Mera ?
Es el vínculo o la correa de transmisión entre los dos regímenes. Todos sabemos que fue él quien mentalizó la consulta popular y, sobre todo, aquellas preguntas que tenían como contenido el endurecimiento de las penas, la restricción de los derechos, etc…
¿Una misma matriz?
No olvide usted que la primera reacción a las preguntas tuvo una coincidencia tremenda con las exigencias de los socialcristianos.
Pero, ¿cómo entender que un presidente como Correa, que se proclama de izquierda, siga matrices de la derecha?
Febres Cordero tuvo la habilidad de vender al país la necesidad de la represión, a pretexto del combate a la subversión. Entonces montó un aparataje de persecución y escuadrones volantes.
Pero muchos dicen que si Febres Cordero no hacía eso, hoy el problema sería mucho más grave…
No es así. Él inició algo que hoy estamos pagando las consecuencias: pervirtió a la Policía, sobre todo a la cúpula policial, y actualmente aún sufrimos las secuelas o efectos de esas prácticas desde el poder con la institución policial.
¿Y quiso controlar la justicia, como ahora se le acusa al Gobierno de Correa?
La diferencia es que ahora sí hay una sociedad que demanda mayor drasticidad en las medidas policiales contra la delincuencia. Y, de alguna manera, Correa ha respondido a esa presión social, pero aplicando en esencia los mismos métodos y políticas que los gobiernos de derecha.
¿El actual Gobierno abandonó su esencia ideológica?
Es posible. O también lo más probable es que a la final vamos al mismo punto…
¿A un punto de coincidencia entre las dos tendencias?
Sí, porque se está acorralando y prácticamente desmantelando toda la doctrina de la defensa de los derechos humanos, que es un principio fundamental en una sociedad democrática. Y que en temas de seguridad es muy grave.
¿Eso llevará a que el Gobierno haga exactamente lo mismo que hicieron los anteriores con la justicia?
Así es. Mire, la política de los más buscados y de ofrecer recompensas es un retroceso terrible para la sociedad ecuatoriana.
¿Por qué? Muchos pueden percibirlo como una medida enérgica y práctica…
No. Eso ya lo hizo Febres Cordero con los subversivos, lo hizo Nebot en su momento con algunos delincuentes y lo repite el gobierno de Correa.
Un Gobierno que se dice de izquierda haciendo cosas que suele hacer la derecha…
Es una acción absolutamente reaccionaria. No sé si el Gobierno se da cuenta de que está promoviendo una sociedad de delatores, porque si usted empieza a convertir la delación en una suerte de negocio, ya no es la sociedad la que trata de defenderse de la delincuencia sino que se está llamando a que se delate a toda persona sospechosa.
Y en medio de eso, ¿se pueden cometer muchas injusticias contra inocentes?
No se está generando un gran debate ciudadano sino que se convoca a la gente a que se convierta en delatora. Y resulta que en las delaciones puede cometerse una serie de injusticias. Mañana usted delata a cualquier persona, viene la Policía, le detiene y luego resulta que no ha sido culpable de nada. Eso es gravísimo para la sociedad.
¿Eso quisiera decir que, en el fondo, el actual Gobierno no es de izquierda?
Yo no lo califico de izquierda. Es un régimen populista.
¿Populista?
En las circunstancias actuales, ningún régimen tiene posibilidades de mantenerse sin ser populista y sin manejar políticas de seguridad autoritarias.
¿Por qué?
No tiene posibilidades porque uno de los efectos del populismo es la integración a la sociedad del consumo. El populismo crea una masa enorme de gente que se vincula a la sociedad del mercado.
¿Y eso por qué necesariamente es negativo?
Porque no se integra al ciudadano a la vida social, sino al mercado. Y esa integración implica que la gente entre en una lógica de mayor consumo, de más consumidores, de más dinero y, en consecuencia, de obtener dinero como sea, incluso mediante el cometimiento de robos y asaltos.
¿Y, entonces, se genera una obsesión por obtener dinero rápido y fácil?
Y ahí es cuando se descuadra todo, porque como dice el dicho, “no hay cama para tanta gente”.
¿La política que está aplicando el Gobierno solo es antidelictiva o también política? Se lo pregunto porque usted hablaba de gente perseguida y enjuiciada.
Ese es un segundo elemento del análisis. Me parece que es el preámbulo para el control represivo de las eventuales protestas por el tema de las políticas extractivistas, por ejemplo.
¿Una estrategia para intimidar a quienes estén en desacuerdo con el Régimen?
Sí, porque las políticas extractivistas van a generar malestar y una respuesta social que en algunos sectores del país ya estamos viviendo.
¿Así se entiende la necesidad de controlar la justicia?
Así es. Y eso resulta muy peligroso porque el control de la justicia y del carácter policial del Estado terminará repercutiendo contra los ciudadanos que eventualmente se opongan a las políticas gubernamentales.
A propósito, ¿usted cree que será posible que en 18 meses se haga el “cambio radical de la justicia”?
Imposible.
¿Por qué?
Hagamos solo un cálculo elemental aritmético. ¿De dónde van a sacar tantos jueces con un nivel ético y una autoridad moral que realmente garantice y satisfaga a la mayor parte de la sociedad ecuatoriana?
Supuestamente, esa es la idea del cambio…
Sí, pero que me den nombres. De dónde van a sacar jueces éticos para la Corte Nacional de Justicia, para reestructurar toda las cortes provinciales, las fiscalías, los juzgados… Personalmente no tengo idea de cómo lo van hacer y no creo que puedan lograrlo.
¿Estamos volviendo al país de siempre?
No es que el tema de la delincuencia sea una responsabilidad del Gobierno actual. Eso sería injusto decir. Pero lo que sí es una responsabilidad del Régimen es no haber impedido que la inseguridad ciudadana se agrave. Eso sí es su responsabilidad.
Cuatro años después, ¿la situación es igual o peor?
En cuatro años de Gobierno no ha podido impedir que eso se agrave y la respuesta ha sido caer en este entrampamiento de estrategias similares a las que aplica y aplicó la derecha. En lugar de atacar los problemas de fondo, el Gobierno se limita a ejercer más represión, promover leyes más severas, persecuciones, recompensas públicas, etc.
¿Es incoherente el Gobierno de Correa?
Es ambiguo.
¿Por qué ambiguo?
Porque supuestamente confronta con Nebot y toma medidas en el mismo sentido. Entonces, no hay una real disputa ideológica sino política y territorial.