La Junta Provincial de Pichincha terminó los escrutinios de todas las actas. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El plazo para completar el escrutinio de votos en las 24 Juntas Provinciales Electorales vencerá este miércoles 3 de abril del 2019. El artículo 132 del Código de la Democracia establece que la etapa de conteo en las provincias debe durar, máximo, 10 días.
Si alguna Junta considera necesario extender esa fecha límite debe solicitar una ampliación al Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Diana Atamaint, presidenta del organismo, señaló que en 18 provincias ya se completó esta fase del proceso, tras las elecciones seccionales y del Consejo de Participación (Cpccs) del 24 de marzo.
Cuando las Juntas terminen de escrutar la totalidad de actas, notificarán los resultados a las organizaciones políticas. Cuando se proclamen los resultados oficiales, los partidos y movimientos podrán presentar recursos de impugnación, en un plazo de 48 horas.
En primera instancia pueden objetar directamente ante cada Junta Provincial Electoral. Después, el recurso se eleva al Pleno del CNE. La Ley posibilita acudir directamente al Tribunal Contencioso Electoral.
En el caso de las impugnaciones presentadas ante el CNE, estas se deben sustanciar en 24 horas. Las apelaciones que lleguen al Tribunal Contencioso tienen que ser resueltas en un lapso de cinco días, una vez que el recurso sea calificado. Los actores políticos pueden solicitar, por ejemplo, el reconteo de votos.
En cuanto a los resultados del Cpccs, se deben oficializar a través de una audiencia pública de escrutinio, que el Pleno del CNE instaló el viernes último en la matriz de la entidad. ¿La razón? Al ser un proceso de carácter nacional, son los consejeros electorales quienes deben proclamar los resultados. Para ello, cada Junta Electoral debe remitir al Pleno del CNE las actas de escrutinio que se usaron en este proceso: hombres, mujeres, pueblos y nacionalidades.
Hasta el momento, en las actas de mujeres lideran la votación María Fernanda Rivadeneira (17,53%), Sofía Almeida (12,93%) y Victoria Desintonio (12,43%).
En la papeleta masculina prevalece Carlos Tuárez (7,12%), seguido de Wálter Gómez (6,44%) y Christian Cruz (5,84%). En la boleta de pueblos y nacionalidades, Rosa Chalá obtuvo la mayor votación (38,25%).
Además, el Pleno conocerá esta semana el informe de la Dirección de Fiscalización, que notificó a seis candidatos al Cpccs por presuntamente incurrir en una infracción electoral. Entre ellos se encuentran Wálter Gómez y Victoria Desintonio, quienes fueron señalados por presuntamente recibir apoyo proselitista en un video denominado “la pollita participativa”.
Estos aspirantes recibieron apoyo en redes sociales del expresidente Rafael Correa y de otros militantes de la denominada “revolución ciudadana”.
La Ley Reformatoria del Cpccs prohibía a los candidatos hacer campaña por su cuenta o recibir apoyo de terceros. La notificación se oficializó 48 horas antes de las elecciones.
Al respecto, Gómez espera que se archive el informe, pues en sus descargos deslindó responsabilidad por el uso que se le dio a su imagen. “Yo no he cometido ningún error, creo que están siendo parcializados. Esperemos que la justicia prevalezca en el CNE”.
Atamaint subrayó que una vez que el Pleno del CNE conozca el informe será el Tribunal Contencioso Electoral quien defina si los candidatos cometieron o no una infracción electoral, que podría derivar incluso en una descalificación.
Los consejeros Enrique Pita y Esthela Acero aseguraron que no estaban al tanto de la notificación que se envió a los seis candidatos.
Incluso, Acero sostuvo que a su criterio no cabría una eventual inhabilitación, pues en la Ley se habla de candidatos y dos de los señalados serían virtualmente ganadores.
Esta semana también se presentará el informe de la Comisión por la Transparencia del Sistema Informático, en el que se explicarán las razones por las que hubo fallas en la web que difundía los resultados el día de los comicios. El consejero José Cabrera habló de “indicios graves” que incluso se podrían presentar en Fiscalía.