Habitantes de la parroquia de Pacto protagonizaron un plantón frente a la Corte Provincial de Pichincha este 19 de diciembre del 2022. Acudieron para solicitar a un Tribunal que dicte sentencia favorable para las comunidades y en contra del Estado, con la prohibición de las actividades mineras.
En una rueda de prensa, los accionantes explicaron que debido a la demanda se desarrolló hace siete meses la audiencia de juicio en segunda instancia y “se reconoció la ilegalidad de las operaciones mineras de la compañía Melinachango Santa Barbara”. No obstante, cuestionan que hasta la fecha no ha existido ningún pronunciamiento por parte de los Magistrados.
Pacto es una de las parroquias que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino. Esos territorios son considerados como una reserva de la biósfera.
Fabián Fabara, juez Ponente, Juana Pacheco y Leonardo Barriga son los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha que conocen la causa.
En la demanda, los denunciantes solicitaron que se declare la vulneración de los derechos de la naturaleza a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la consulta ambiental previa y a la seguridad jurídica. También piden que se acepte el recurso de acción de protección 17322-2021-00261.
Con ese recurso buscan prevenir y evitar “la violación de derechos constitucionales” por las actividades mineras de la concesión Melina. Además, que se repare integralmente a las comunidades de Pacto.
Piden inspección
“Hemos solicitado a los Jueces que vengan al territorio a verificar los más de 3 500 sacos de material aurífero, extraídos sin licencia ambiental en la concesión Melina”, explicó Yuly Tenorio, abogada de los denunciantes.
Son dos años, desde el 19 de diciembre del 2022, que las comunidades custodian esos sacos, según la jurista. Piden que se haga una inspección debido a que la empresa minera, con apoyo de la Policía de Pacto, está retirando el material del territorio en los últimos tres meses, sostuvo.
Los Magistrados deben tutelar los derechos de la naturaleza y los derechos humanos porque hay hostigamiento, agregó. Richard Paredes, presidente del gobierno parroquial de Pacto, dijo que en la zona hay extractivismo por parte de empresas que operan por más de 20 años de forma ilegal y su administración sufre hostigamiento por presunta afectación a dichas empresas.
Mencionó el literal d del artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial para justificar que a su dependencia le compete incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Acusó que hay contubernio entre ministerios del ramo para encubrir la minería ilegal. Por eso insistió en que se dicte una sentencia justa.
Uno de los riesgos de no obtener la sentencia favorable es que se perderá la certificación para la producción orgánica de panela, un producto que se exporta a Europa, señalaron los ciudadanos de Pacto.
Inty Arcos, coordinador Técnico de la Mancomunidad y parte del colectivo Quito sin Minería, aprovechó la ocasión e hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que dé paso a la consulta popular en la capital. Esta busca prohibir actividades mineras en el Chocó Andino.
Visita nuestros portales: