Cinco finalistas aspiran a ocupar la secretaría ejecutiva de la CIDH

Dos mexicanos, una estadounidense, un guatemalteco y una peruana son los finalistas que aspiran a la secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sustitución del argentino Santiago Cantón, que dejará el cargo en julio.

La CIDH, organismo autónomo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto de los derechos humanos en el continente, publicó hoy en su página web la lista de los cinco finalistas, elegidos entre las 111 candidaturas recibidas.

Los finalistas son tres hombres y dos mujeres de cuatro nacionalidades distintas, todos ellos con amplia experiencia en derechos humanos.

El mexicano Emilio Álvarez-Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mexicano (CDHDF), es profesor en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Su compatriota Javier Hernández Valencia es el actual representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hernández tiene 20 años de trayectoria en la ONU vinculado a temas de derechos humanos en países como Colombia, Haití, Guatemala y El Salvador.

La estadounidense Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH desde 2007, es también profesora adjunta en el Washington College of Law de la American University, especializada en los derechos de la mujer en el sistema interamericano.

El guatemalteco Frank La Rue es el relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos de libertad de opinión y expresión desde 2008 y ha sido comisionado presidencial de los derechos humanos en su país.

Por último, la peruana Sofía Macher Batanero ha trabajado para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, integró la Comisión para la Verdad y Reconciliación de su país y actualmente es la presidenta del Consejo de Reparaciones de Perú, que lleva el registro de las víctimas del conflicto armado interno.

El proceso abierto para presentar candidaturas concluyó el pasado 1 de mayo y ahora comienza un plazo de un mes, hasta el 1 de julio, "para recibir observaciones y comentarios" sobre los finalistas, explicó la CIDH.

La Comisión entrevistará a los finalistas y realizará la selección final de la persona "más calificada" durante su periodo de sesiones número 145, que tendrá lugar del 16 al 20 de julio.

El nombre del elegido se remitirá al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y será designado por un periodo de cuatro años.

Cantón anunció en 2011 que dejaría su cargo en la CIDH por "razones personales" a finales de 2012, pero finalmente decidió que su salida tras once años como secretario ejecutivo será en julio, cuando se incorporará al equipo directivo del Centro Robert F. Kennedy de Washington.

El argentino ha admitido que soportó presiones, fundamentalmente del Gobierno de Venezuela, para que renunciara desde hace varios años, aunque insiste en que su decisión de hacerlo ha tenido un carácter personal.

La presión contra Cantón comenzó a raíz del golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela, cuando el Gobierno del presidente Hugo Chávez lo acusó de haber reconocido al breve Gobierno de facto que encabezó el empresario Pedro Carmona.

El cambio de secretario ejecutivo coincide con un momento difícil para la CIDH, sometida a un proceso de reformas detrás de las cuales hay un intento de debilitar su labor, según denuncian organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos.

El pasado enero, los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones no vinculantes para reformar la CIDH que algunas organizaciones civiles consideran un intento de limitar su autonomía impulsado por gobiernos como los de Ecuador y Venezuela, sobre los que la Comisión ha emitido informes polémicos.

Insulza respalda al menos dos de las recomendaciones más cuestionadas: la que pide que se modifique el estatuto de la CIDH para que el organismo deba consultar a los Estados antes de emitir medidas cautelares y la relativa al Capítulo IV del informe anual.

El secretario general de la OEA cree que se deben revisar los criterios, metodologías y procedimientos para la elaboración de ese capítulo, en el que la Comisión identifica a aquellos países que necesitan mejorar en su respeto a los derechos humanos y que en los últimos años ha arremetido contra Venezuela, Colombia, Cuba y Honduras.

En la Asamblea General de la OEA que comenzará este domingo en Cochabamba (Bolivia) Insulza presentará un informe con las recomendaciones, que podrían convertirse en obligaciones para la CIDH si los cancilleres de los Estados miembros asÍ lo deciden.

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