Tras 90 minutos de audiencia con los involucrados, el presidente de la Corte de Justicia de Azuay, Vicente Andrade, revocó la orden de prisión a tres dirigentes arrestados anteayer en Cuenca. Luego a los dos restantes. Ellos protestaban en las vías contra el proyecto de Ley de Aguas.
Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán, Efraín Arpi, Pablo Quezada e Isaac Lojano fueron acusados de terrorismo, sedición y sabotaje por la agente fiscal de lo penal del Azuay, Patricia Inga. Ella, en la audiencia de anteayer, solicitó la prisión preventiva que fue aceptada por Guillermo Neira, juez segundo de Garantías Constitucionales.
Los acusados quedaron en libertad por decisión de Andrade. Sin embargo, el proceso judicial sigue. Incluso Andrade expresó que si Neira cree conveniente puede dictar otras medidas cautelares. Ellos fueron detenidos anteayer en los bloqueos de vías en la entrada a Tarqui (vía Cuenca-Loja) y en San Joaquín.
La audiencia la lideró Andrade, en medio de un ambiente de tensión. Dos horas antes, los campesinos de las parroquias cuencanas Cumbe, Tarqui y Victoria del Portete, ingresaron a la entidad para seguir de cerca la audiencia.
Neira, quien la misma tarde del arresto extendió la boleta de prisión preventiva y el inicio de la Instrucción Fiscal, defendió su acción apelando al art. 326 de la Constitución. En la mañana de ayer, la Veeduría Ciudadana de Cuenca solicitó al Tribunal de Garantías Penales el recurso de hábeas corpus para conseguir la libertad de los dirigentes, que iba cumplirse a las 15:00, pero fue a las 17:00. Para Juan Campoverde, procurador de la Veeduría, la figura para la detención es ilegal.
Según él, la figura del sabotaje se aplica para cuando se genera alarma colectiva. “Y la lucha de los dirigentes tiene un fin patriótico por los derechos colectivos que asisten a todos los ecuatorianos: a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación”.
Los abogados de los detenidos también apoyaron esta tesis, basados en los supuestos maltratos que sufrieron los dirigentes. Para ello, mostraron fotografías del momento en el que la madre de Carlos Pérez, Inés Guartambel, era derribada cuando intentaba defender a su hijo.
La detención de los dirigentes convocó ayer a unos 600 campesinos e indígenas a una reunión urgente. Allí cuestionaron los actos de represión que sufrieron anteayer. El representante del Ejecutivo admitió que había ordenado a la Policía que interviniera en la reapertura de las vías. Ayer, de manera intermitente, se volvió a interrumpir el paso en la vía Cuenca-Loja, pero esta vez los protagonistas fueron los indígenas de Nabón, quienes se unieron a la lucha en contra de la Ley de Aguas.
Para hoy se tienen programadas más protestas en las carreteras de Azuay, en apoyo a los dirigentes.