Falta una semana para que se decida la procedencia de los recursos de casación en la querella del presidente Rafael Correa contra El Universo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve al debate.
El secretario ejecutivo de la entidad, Santiago Canton, firmó una carta emitida el 4 de enero pasado. En ella solicita información sobre la querella contra el diario, sus directivos y el ex editor de Opinión, Emilio Palacio.
Canton dijo que “la CIDH ha tomado nota de que el 27 de diciembre del 2011, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió el recurso de hecho interpuesto por el señor Emilio Palacio”. Agregó que el organismo desea aclarar la “consecuencia de esta decisión”.
En el comunicado, preguntó si la negativa de la II Sala Penal Nacional significó que la condena contra Palacio “ha quedado en firme y debe ser ejecutada”. Además pregunta si en caso de interponer un recurso de revisión o una acción extraordinaria de protección “quedarían suspendidos los efectos de la condena”.
La defensa de los directivos del rotativo y de Palacio deben responder hasta el 11 de enero próximo. Mientras el 13, dos días después, será la audiencia de casación en la CNJ, en Quito.
La información fue solicitada por el pedido de medidas cautelares que realizaron Palacio y los directivos del diario, Carlos, César y Nicolás Pérez, el 24 de agosto pasado, ante la CIDH.
“Estamos preparando la respuesta, la tendremos lista para enviarla el lunes ”, dijo Jorge Alvear, uno de los abogados del ex editor.
El jurista adelantó que, a su criterio, la condena contra Palacio no puede ser ejecutoriada hasta que se resuelva la casación. “Si la Sala dice que no hay delito, en ese momento se cae la acusación contra Emilio Palacio”, expresó.
Además, Alvear se refirió a la solicitud que enviaron los abogados del Presidente a la CIDH. El 4 de enero pasado, Gutemberg y Alembert Vera pidieron comparecer ante el organismo internacional.
Para el abogado de Palacio, “parece que (los Vera) no se han inteligenciado en el reglamento de la CIDH”.
Y explicó que en la solicitud de medidas cautelares el Presidente no es parte procesal. Alvear dijo que las partes son Palacio, los Pérez y el Estado ecuatoriano.
Sin embargo, los abogados de Correa escribieron a la CIDH que “alegamos nuestro legítimo derecho a la defensa al debido proceso y al ser escuchados… En nuestra calidad de abogados defensores, somos interesados directos de dicha solicitud”.
Además, expresaron que consideran “pertinente, necesaria e imprescindible nuestra comparecencia ante ustedes, por ser parte directa e interesada”. Los abogados aprovecharon la carta para recordar que el proceso judicial “se encuentra actualmente sustanciándose en la República del Ecuador y que está concatenado con la presente solicitud de medidas cautelares”.
En el remitido, los abogados del Presidente se autodenominaron “tenedores de información relevante sobre este asunto, que evidentemente tendría influencia para la decisión” de la CIDH sobre las medidas cautelares.