Al menos 34 personas fueron asesinados en el pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, el pasado 23 de febrero del 2021. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó y condenó este viernes, 26 de febrero del 2021, los hechos de violencia ocurridos en cuatro centros de privación de libertad del Ecuador que ocasionaron que al menos 79 personas privadas de libertad perdieran la vida esta semana.
El pasado martes 23 de febrero se registraron diversos enfrentamientos violentos entre personas detenidas en centros penitenciarios de Azuay, Cotopaxi y Guayas, los hechos ocurrieron de manera simultánea y participaron reos pertenecientes a grupos rivales, según las autoridades.
La Comisión Interamericana, en un comunicado, urgió al Estado ecuatoriano a investigar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, a identificar y sancionar a los responsables. Además, señaló que Ecuador debe adoptar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
Las autoridades estatales y funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran investigando estos sucesos para aclarar los delitos cometidos. Al respecto, la CIDH enfatiza que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.
“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables”, agrega el comunicado.
Según el Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), los enfrentamientos se habrían iniciado durante la mañana. Tras los incidentes se habría activado una alerta máxima en otros centros de privación de libertad, y dispuesto la intervención de alrededor de 800 funcionarios policiales enviados para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios.
Según información oficial, en la noche del 24 de febrero servidores policiales efectuaron un operativo de requisa en el que decomisaron, celulares, cuchillos, armas de fuego y de fabricación artesanal. De igual forma, el 25 de febrero, el Ministerio de Gobierno dispuso a las Gobernaciones activar Comités de Seguridad, especialmente en Azuay, Cotopaxi y Guayas.
La CIDH advierte que mediante comunicación del día 23 de febrero enviada al Presidente de Ecuador, la Defensoría del Pueblo indicó que la violencia intracarcelaria se ha profundizado desde el año 2018, con un aumento progresivo de muertes violentas. Lo anterior, principalmente a causa de la falta de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas con las personas privadas de libertad.
En este contexto, la CIDH reitera el deber jurídico ineludible que tiene Ecuador como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, de realizar acciones concretas para garantizar su vida e integridad personal. Como parte de esta obligación, el Estado debe adoptar aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de privación de libertad, tales como desarmar a las personas detenidas, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros artículos prohibidos, investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles.
