CIDH realizó audiencia por destitución de 53 diputados

53 de los diputados destituidos presentaron su petición a la CIDH, alegando violaciones a sus derechos humanos. Foto: Twitter CIDH

53 de los diputados destituidos presentaron su petición a la CIDH, alegando violaciones a sus derechos humanos. Foto: Twitter CIDH

53 de los diputados destituidos presentaron su petición a la CIDH, alegando violaciones a sus derechos humanos. Foto: Twitter CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió ayer, 5 de marzo de 2020, pruebas y alegaciones orales en relación al caso de la destitución de medio centenar de diputados ecuatorianos, ocurrida en 2007.

La audiencia de fondo se desarrolló el jueves 5 de marzo del 2020 en Haití, según informó la Procuraduría General del Estado en un comunicado.

Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH, inquirió a Ecuador sobre las causales para destituir a los congresistas y si se respetó el debido proceso.

La investigación del caso arrancó en 2018, cuando, tras declararse competente para conocer la denuncia, la CIDH determinó la admisibilidad de la petición en relación a los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial), en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A su vez, la Comisión manifestó que la petición era inadmisible en relación al artículo 9 (principio de legalidad y de retroactividad).

En 2007, 57 diputados del Congreso Nacional fueron destituidos por el entonces Tribunal Supremo Electoral, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Elecciones que se encontraba vigente, esto en virtud de haber obstruido el proceso electoral de consulta popular para la instauración de una Asamblea Constituyente, que fue convocada por el organismo electoral el 1 de marzo de ese año.

Tras este hecho, 53 de los diputados destituidos presentaron su petición a la CIDH, alegando violaciones a sus derechos humanos, específicamente: garantías y protección judicial, derechos políticos, igualdad ante la ley, principio de legalidad y retroactividad.

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