En un plazo de 48 horas, la Cervecería Nacional (CN) tendrá que cancelar los USD 90,9 millones que reclaman los 1 200 ex trabajadores por utilidades no pagadas entre 1990 y 2005.
Esa fue la última resolución que emitió el martes 19 de abril el juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte.
Además, se dispone que los fondos sean depositados en una cuenta del Banco Central del Ecuador pero a órdenes del director Regional del Trabajo.
La idea es que la autoridad laboral convoque a los ex obreros que se beneficiarán de la medida y se encargue de la distribución de los recursos.
Esta es la segunda resolución que realiza Iriarte en una semana. La primera fue una convocación a una audiencia de conciliación el 26 de abril próximo.
A las 16:30 del viernes pasado llegó la notificación a los casilleros de los abogados de Cervecería y de los ex trabajadores que demandan sus utilidades.
Los representantes de la Cervecería no acatarán la disposición del juez Pedro Iriarte ni cancelarán los fondos que reclaman los ex trabajadores por sus utilidades de 15 años.
Ayer Gonzalo Noboa, procurador Judicial de la Cervecería, dijo que no procede pagar porque la empresa ya presentó una impugnación sobre la resolución de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial. Se trata de una Acción Extraordinaria de Protección que se planteó en la Corte Constitucional. “Ya hemos indicado las razones por la cual consideramos que la resolución es inconstitucional. Por lo tanto no procede el pago”.
Además, dijo Noboa que en la sentencia se involucra a la Cervecería, que no era parte del proceso y nunca fue llamada a declarar. “No se puede condenar a una empresa que no ha sido citada al proceso para que se defienda. Por eso pedimos al juez que se abstenga de ejecutar la sentencia porque el daño será mayor que cualquier pretensión de cobro de utilidades”.