Este miércoles 14 de agosto de 2019 se realizará el juicio político contra cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la foto, José Tuárez, presidente del organismo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El Pleno de la Asamblea Nacional definirá este miércoles 14 de agosto de 2019 si censura y destituye a José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio, vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
El miércoles pasado, la Comisión de Fiscalización recomendó llevar a los cuatro consejeros a juicio político, por pedido de los legisladores Fabricio Villamar (Independiente), Jeannine Cruz (Creo) y Raúl Tello (BIN). El informe elaborado por la Comisión se centró en la intención que tuvieron los cuatro consejeros de conformar una comisión, para revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), efectuada por el Cpccs Transitorio.
Si el Legislativo decide censurar a los funcionarios, la medida implicará una reconfiguración del Pleno del Cpccs.
Según la Ley Reformatoria del Consejo de Participación, si se destituye a la mayoría tendrían que hacerse tres cambios al interior de esa entidad.
La primera variante sería la principalización de cuatro consejeros suplentes, quienes cuentan con las credenciales emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 13 de junio pasado, la propia Asamblea posesionó a los siete consejeros principales del Cpccs. También fueron posesionados tres vocales suplentes de la lista de hombres, tres de la lista de mujeres y uno más por las minorías étnicas.
La Ley Orgánica del Cpccs establece que en caso de ausencia temporal o definitiva de los vocales titulares, se principalizará el consejero suplente que corresponda. Para el efecto, se tomará en cuenta el mayor porcentaje de votación.
Si se oficializa la destitución de José Tuárez y de Walter Gómez, les sucederían Juan Javier Dávalos y David Rosero, respectivamente (ver infografía).
Ayer, Tuárez insistió en que, de ser censurado, acudirá a instancias internacionales, porque hay precedentes de funcionarios destituidos que demandaron al Estado y obtuvieron sentencias favorables.
David Rosero, uno de los posibles sucesores, prefirió no adelantar criterios y esperar a la decisión del Parlamento.
En el caso de las consejeras, ante una eventual destitución de Victoria Desintonio, quien asumiría sería Ibeth Estupiñán (9,85%). Sin embargo, la ciudadana es actualmente la Administradora de la Zona La Mariscal del Municipio de Quito.
Estupiñán llegó a ese puesto tras un concurso de méritos y oposición de la Alcaldía. La consejera alterna indicó que está dedicada de lleno a las actividades de su nuevo cargo. “Tendría que analizar si decido o no asumir el cargo” aseguró.
Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, indicó que Estupiñán deberá renunciar a la Administración Zonal si decide integrarse al Consejo de Participación Ciudadana. El experto agregó que la Ley Reformatoria del Cpccs no establece el procedimiento en caso de que un consejero suplente no acepte la principalización.
Rosa Chalá, quien funge como vicepresidenta del Cpccs, fue la consejera más votada en la papeleta de Pueblos y Nacionalidades. Si el Legislativo la remueve, quien se principalizaría sería Francisco Bravo.
Ayer, partidarios de Chalá ingresaron un pedido de dictamen previo en la Corte Constitucional, para solicitar una Asamblea Constituyente. Lo hicieron en respuesta a la “intención de limitar las funciones que tiene el Cpccs”.
El segundo cambio que traería la censura es la reconformación de los vocales alternos. Según la normativa, tras la principalización de un consejero suplente, “la vacante será ocupada por el candidato que haya obtenido la mayor votación de la lista correspondiente”.
La nómina de consejeros suplentes la integrarían Hernán Ulloa, Carlos Figueroa y Aland Molestina. En la lista femenina, las vocales alternas serían Mónica Moreira, Karina Ponce y Gina Aguilar. Mientras que por los Pueblos y Nacionalidades, el consejero suplente sería Jaime Chugchilán.
La tercera modificación tiene que ver con las autoridades del Cpccs. En caso de que Tuárez y Chalá, presidente y vicepresidenta del Cpccs, respectivamente, dejen sus cargos, el Pleno tendría que elegir al nuevo funcionario que presidirá la institución de control.
Sofía Almeida, consejera de minoría del Cpccs, cree que para hacerlo se requerirá de consensos con los nuevos vocales que integrarían el Pleno.
María Fernanda Rivadeneira, su colega, dijo que “seguirá actuando apegada a la Ley.”