Un día antes de la audiencia de formulación de cargos en contra de los cuatro veedores encargados de analizar los contratos de Fabricio Correa con el Estado, la situación política no está clara.
En tres de las cuatro embajadas donde Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo pidieron asilo político, se les pidió mayor discreción mientras avance la solicitud. Las legaciones argumentaron que se trataba de un tema entre estados. Todas han dialogado con los cuatro veedores ciudadanos con el objetivo de solicitarles más información acerca del proceso judicial que pesa en su contra.
Ellos fueron demandados por el presidente Rafael Correa por supuesta falsedad testimonial y perjurio. La denuncia fue motivada por el informe final que la veeduría entregó en febrero del año pasado. En el documento, señalaron que el Mandatario sí conocía de los contratos que las empresas vinculadas a su hermano Fabricio habían suscrito con el Estado.
Esto ha sido desmentido por el Presidente, pero los veedores insisten en que su investigación se basó en documentos oficiales, en videos que les fueron entregados y en el testimonio del propio Fabricio Correa.
Sus argumentos son similares a los que los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita utilizaron para su libro ‘El Gran Hermano’, y por el cual también fueron demandados por el Presidente por presunto daño moral.
El 27 de febrero pasado, el Jefe de Estado les “perdonó” la sentencia de primera instancia que condenó a Zurita y a Calderón al pago de USD 2 millones. Pese a que este juicio está superado, el Gobierno no ha declinado en el juicio que sigue a los cuatro veedores.
Ayer, la Secretaría de Comunicación del Régimen difundió una cadena de TV para desmentir los pronunciamientos que hiciera el lunes pasado Chambers en el canal Teleamazonas.
Por casi ocho minutos, el Gobierno acusó al veedor de mentir y de ser cercano a unas agrupaciones políticas y al ex presidente Lucio Gutiérrez. Además, afirmó que sobre Chambers pesan algunos proceso judiciales por supuesta estafa y fraude.
Esos casos figuran en la página web de la Función Judicial. Chambers aclara que ningún proceso está abierto porque fueron archivados o desestimados por no tener argumentos legales. “El único juicio que tenía abierto era uno que yo afronté por mi hermana que está fuera del país y decidí asumir una deuda que ella tenía”, manifestó.
El veedor señala que este tipo de acusaciones a través de cadenas oficiales dan fuerza a su solicitud de asilo político. “Demuestra que somos perseguidos. El Presidente nos está haciendo un gran favor”, puntualizó.
Chambers, al igual que Portillo, Quishpe e Hidalgo esperan que las embajadas se pronuncien lo más pronto posible, pues mañana se realizará la audiencia de formulación de cargos en su contra. Ellos temen que en esta instancia el juez quinto de Garantías Penales de Pichincha, Raúl Martínez les ordene la prisión preventiva.
La razón: aducen presión política contra el judicial. El abogado defensor de los veedores, Ramiro Román, sostiene esta tesis por “ las declaraciones del presidente Correa en el último enlace sabatino”. Correa acusó a Martínez y a otros jueces de haber actuado de forma “corrupta”. El juez rechazó esta afirmación y dijo que el Mandatario no está bien informado y que el Consejo de la Judicatura de Transición tiene datos errados.
Martínez descarta que la acusación de Correa sea una forma de presión en el caso de los veedores.
La CIDH interviene
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer a los veedores información sobre el proceso en su contra. Esto, luego de que Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo pidieran a esa instancia dictar medidas cautelares a su favor, para evitar que el Gobierno “los persiga”.
La información requerida sobre si han existido o no acciones del Régimen en su contra, los derechos que supuestamente estarían en peligro de ser vulnerados por el proceso judicial, etc.
La diligencia judicial
La audiencia de formulación de cargos en contra de los cuatro veedores se realizará mañana, en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha.
Esta diligencia se iba a realizar el 27 de abril, pero el defensor de Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo pidió un aplazamiento porque tenía otra audiencia ese mismo día.
Las embajadas de Costa Rica, Panamá, Chile y Gran Bretaña explicaron que este es un tema consular y que se maneja de Gobierno a Gobierno, por lo que prefirieron no pronunciarse sobre el proceso de asilo político y los requerimientos para aplicar a este estatus político.