El pedido de amnistía, que el presidente Rafael Correa planteó a la Asamblea, en favor de Alberto Dahik, abrió una serie de debates de corte jurídico.
En días pasados, el fiscal general, Washington Pesántez, aseguró que al ex Vicepresidente le resultaría más adecuado acceder a un indulto que a una amnistía.
Ello a pesar de que el numeral 13 del artículo 120, advierte que quienes estén implicados por delitos en la administración pública, como es el caso de Dahik, no procede este tipo de figuras de perdón.
Pero el jurista Jorge Zavala Egas señala que en el caso Dahik, al apelar al pedido de Correa de una amnistía, se apuesta por una decisión exclusivamente política. “Por lo tanto, el análisis jurídico no cabe”. A su juicio, lo único que se debe hacer es determinar si el hecho que motivó su enjuiciamiento tiene características políticas para acceder a una amnistía.
Por eso Zavala dice que el fiscal Pesántez está equivocado porque el indulto solamente se concede cuando hay sentencia y la pena se encuentra ejecutoriada. “El indulto lo que hace es perdonar, disminuir la pena o conmutarla con otro tipo de medida. En este caso (Dahik) aún no hay sentencia”.
Zavala insiste en que la decisión jurídica, para estos casos de amnistía, tiene una dosis del 0.1 % que es el trámite, pero la dosis política es el 99.9%.Por tal motivo se mostró confiado en que el Presidente de la República habrá consultado con su bloque legislativo y con el grupo de independientes.
Este jurista no descarta como posibilidad que la Asamblea decida este caso, más el de Abdalá Bucaram y Jorge Gallardo sean políticos y se decida una amnistía para los tres.