Acompañado de su hija, esposa y abogados, el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, rechazó hoy la decisión del Consejo de Generales de separarlo de la institución y anunció que acudirá a organismos internacionales para reclamar sus derechos.
“Era la crónica de una baja anunciada”, dijo Vinicio Villa, abogado de Carrión, después de mostrar un video del presidente Rafael Correa, donde el Mandatario cuestiona al uniformado por sus declaraciones a CNN.
Para Villa, quien lleva el proceso de Carrión en la Policía, éste no cumplió todos los procedimientos legales al basarse para su resolución en dos testigos, que según él, eran “parcializados”.
Así se refirió a Holguer Guerrero y a Hiroshima Villalba, quienes fueron testigos de la Fiscalía en el juicio que se siguió a Carrión por supuesto magnicidio contra Correa y que la justicia lo encontró inocente en tres instancias.
Villa agregó que aún tienen el recurso de reconsideración para apelar la decisión del Consejo de Generales y que disponen 15 días para presentarlo.
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Mientras que Stalin López, también abogado de Carrión, anunció que ahora su defendido irá hasta instancias internacionales para defenderse. “Vamos a ver cómo reacciona esta nueva campaña que se emprende para el 2012, donde este famoso proceso de la revolución ciudadana pretende consagrarse. Vamos a ver cómo se consagra ante una demanda internacional, donde el mundo entero va a saber que en el Ecuador no se respetan los derechos humanos”, dijo López.
Manifestó que inmediatamente empezarán los trámites y la planificación de un viaje a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Yo soy un oficial de más de 30 años de pertenecer a una institución”, dijo Carrión a su turno, aún cauto en sus pronunciamientos. El oficial considera que continúa en indefensión y que se mantiene en sus afirmaciones a CNN. “El 30 de septiembre yo presté todo la atención médica”.
Ayer, Carrión recibió la notificación de que el Consejo de Generales decidió darle la baja por su supuesta participación en los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, día en que se realizó la revuelta policial.
En su resolución, el Consejo de Generales afirma que Carrión incurrió en una “mala conducta profesional, de conformidad a lo que dispone el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, al haber lesionado gravemente el prestigio institucional y afectado a la moral y las buenas costumbres”.