La efervescencia electoral y la selección de autoridades estratégicas y de control en el país no se agotarán con la proclamación de los resultados de la consulta popular, prevista para la próxima semana, Tampoco con el cierre de la etapa de impugnaciones dentro del concurso para elegir Fiscal General del Estado.
Por el contrario, al país se le viene un abultado cronograma de procesos electorales y de selección de autoridades de control en los siguientes 18 meses. Es decir, hasta en el último trimestre del 2012cuando se inicie la próxima campaña presidencial. El 24 de mayo del 2013, según la Constitución, será la fecha para el cambio de mandato.
La agenda política inmediata, arranca con la reestructuración de las autoridades en la Asamblea. Además contempla al menos medio centenar de revocatorias de mandato, tres elecciones seccionales pendientes y los comicios generales del 2013.
De otro lado, están pendientes siete concursos de selección de distintas autoridades públicas, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), con el objetivo de dar por finalizado el largo período de transición, vigente desde Montecristi.
Los cambios a la Corte Constitucional se darán en un año
A pesar de su importancia, la renovación de los nueve miembros de la Corte Constitucional (CC) está retrasada. La tardanza se debe a que la elección de sus miembros está atada a la aún incompleta conformación de la Función de Transparencia y Control Social.
Según el art. 25 del Régimen de Transición de la Constitución de Montecristi, la designación de los nuevos integrantes de la Corte solo procede cuando estén integradas las nuevas funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia.
Precisamente la aún incompleta integración de las instituciones del llamado Quinto Poder es lo que impide que arranque el proceso de selección de los magistrados constitucionales.
En esa función ya están los nuevos miembros del Consejo de Participación y los superintendentes. Sin embargo, aún no están en funciones los nuevos Defensor del Pueblo y Contralor General del Estado. El proceso de designación de estos cargos aún está en etapas embrionarias.
En el caso del Defensor del Pueblo, el Consejo de Participación se encuentra conformando a las comisiones ciudadanas de selección, que a futuro deberán calificar a los postulantes al cargo.
Mientras que en el caso del Contralor General, el lunes recién concluirá su primera etapa, que es la inscripción de los veedores ciudadanos. Esos observadores tienen como misión vigilar que sea transparente la conformación de la comisión ciudadana de selección que designará al nuevo Contralor.
Por los tiempos que han durado concursos similares, que incluyen impugnaciones y apelaciones, el nuevo Contralor pudiera estar elegido en la parte final del presente año. De ahí que solo en ese momento estará completa la Función de Transparencia. Es decir la condición insalvable para que se nombren a los miembros de la Corte Constitucional.
Así, los actuales magistrados constitucionales pudieran seguir en funciones hasta el primer semestre del 2012. Ellos están en funciones desde el 2007, cuando fueron designados por el ‘Congreso de los manteles’, a partir de tener enviadas por el gobierno de Rafael Correa, la Corte Suprema de Justicia, gremios empresariales y centrales sindicales.
Su importancia política reside en que es el máximo organismo de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esa materia. De hecho, a inicios de año, su dictamen fue clave para que Correa logre impulsar a la consulta popular del pasado 7 de mayo.
Incluso, el Jefe de Estado ya advirtió que si los legisladores no tramitan las reformas legales para aplicar su consulta acudirá a la Corte que, en su período, siempre ha fallado a favor de sus planteamientos.
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