El escándalo de las afiliaciones fraudulentas aceleró el proceso de desgaste político que el Consejo Nacional Electoral (CNE) experimenta desde el año pasado por distintas razones.
Las críticas al organismo surgieron tras el concurso donde se eligieron a los actuales vocales, en el 2011. El principal argumento era que todos tenían algún tipo de vinculación con el Gobierno.
El siguiente traspié se dio tras el veto presidencial al Código de la Democracia, que dejó en manos del CNE la facultad para regular el trabajo de los medios de comunicación en la campaña.
Ante estos eventos, el 12 de julio pasado, el Consejo contrató a la empresa Digitalogics S.A., por USD 49 000, para que realice un “estudio para la determinación de estrategias comunicacionales de imagen y posicionamiento del Consejo”. Esta empresa se dedica a investigaciones de mercado y a ejecutar campañas de marketing y su sede está en Guayaquil.
El contrato recién fue adjudicado el 31 de julio, cinco días después de que estallara el escándalo de las afiliaciones falsificadas.
Por eso, a la par de esta crisis, apareció una publicidad del CNE en los medios, llamada Voto por mi País, y que apelaba a que la ciudadanía votara por la transparencia, la confianza y la democracia.
Según el publicista Andrés Seminario, la intención del Consejo es tratar de recuperar la imagen que se ha visto tan deteriorada, con los continuos escándalos y críticas de los distintos sectores políticos y sociales. “Recurre a la palabra país porque ese es un sentimiento de pertenencia y representa algo bueno. Entonces la idea es: si criticas al CNE, estás criticando al país”, manifestó.
Pero el vocal del CNE, Paúl Salazar, aclaró que la idea de la campaña publicitaria es exigir “la transparencia, la legitimidad de las organizaciones políticas. Engloba el sentimiento ciudadano de que su identidad, de una u otra manera, fue usurpada”.
Sin embargo, aclaró que el nombre de la campaña Voto por mi País, no hace alusión al nombre del movimiento oficialista Alianza País. “No es por la palabra, sino tendríamos que poner en el diccionario o patentar la palabra país, como el movimiento político oficialista. No tiene nada que ver. Es un eslogan”, dijo Salazar.
Precisamente para evitar que este tipo de términos que se refieren al Ecuador sean utilizados políticamente, en la Ley Electoral anterior se establecía una prohibición para que los movimientos y partidos los utilicen en sus nombres y símbolos.
Vladimiro Álvarez, ex ministro de Gobierno, explicó que estas normas evitaban que las agrupaciones políticas se aprovecharan del país o sus símbolos patrios, para tener réditos. “Nadie tenía como símbolo de la organización la Bandera del Ecuador ni el Escudo. Pero ahora todo eso es atropellado y simplemente se cumplen las órdenes, porque hay una sola persona que manda en las funciones del Estado”, dijo.
Además, dijo que está“convencido que esta campaña publicitaria es otra muestra de cinismo del Régimen, para engañar a los ingenuos que todavía existen en el Ecuador. Es evidente que el Consejo Electoral estaba de acuerdo en obedecer las órdenes que se impartían desde el Ejecutivo desde un principio”, cuestionó.
Según Marcia Caicedo, ex vocal del CNE, el nombre de la campaña muestra la coherencia entre el Ejecutivo y el CNE. “Así la gente se dará cuenta a quién responde el Consejo Electoral. Es una publicidad equivocada. No hay independencia del organismo”.
USD 5,4 millones cuesta la revisión
Hasta el cierre de este edición no arrancaba el simulacro del proceso de verificación de 5,5 millones de firmas (hasta el jueves la cifra era 4,8 millones) presentadas por 74 organizaciones políticas a nivel nacional. Hasta las 17:00, los delegados informáticos de esas fuerzas solo recibieron una explicación de cómo funcionaba el software.
El titular electoral, Domingo Paredes, explicó que desde el lunes se desarrolló el proceso de indexación. Es decir, el ingreso a la base de datos de la imagen de las firmas de las fichas de afiliación entregadas por las tiendas políticas, así como las bases de datos del Registro Civil, los padrones electorales del 2009 y 2011e imágenes de los pasaportes que entrega el Ministerio de RR.EE.
También se confirmó que la empresa uruguaya Controles cobró al organismo electoral USD 1,9 millones por la entrega del sistema informático, la configuración de la infraestructura para el proceso de revisión y la depuración de la base de datos.
A esto se suman los USD 3,5 millones que ha gastado el organismo en la logística y el pago a los operarios. Es decir que este proceso de revisión de firmas le ha costado al país, hasta el momento, USD 5 480 000.
Ayer, el Pleno aprobó un instructivo en el cual se decidió que para este proceso, las organizaciones políticas enviarán 40 delegados para la revisión. Se prohibe a los digitadores y técnicos conversar con la prensa.
Luis Villacís (MPD) dijo que el simulacro es una farsa y que van a acudir a la CIDH para presentar la denuncia. También anunció que se plegarán a la gran marcha nacional en contra del CNE.
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