La conclusión final que dejan los resultados de la consulta es que Alianza País perdió su contundencia electoral. Es el análisis de varios sectores dentro y fuera del país.
Casa adentro, el movimiento oficialista y la oposición han llegado, con diferentes matices, a esa tesis. En Alianza País, aunque ganó en las 10 preguntas, se analizó qué pasó en la elección.
Los resultados de la consulta muestran que los ecuatorianos se polarizaron por el Sí y por el No. Según los datos del Consejo Electoral, 12 provincias rechazaron nueve de las 10 preguntas. Lo mismo ocurrió con los ecuatorianos que viven en Norteamérica, que rechazaron 6 de 9 preguntas.
Mientras que otras 12 provincia, más los ecuatorianos residentes en Europa (donde perdió la pregunta 3) y en el resto de América avalaron la tesis del Régimen. La diferencia más grande del Sí fue en las preguntas sobre los cambios en las medidas alternativas para la prisión, presentada como una salida a la inseguridad.
Las preguntas sobre reformas a la Justicia y la regulación a los medios fueron en las que menos diferencia existió entre el Sí y el No.
Por otro lado, si se revisan los datos oficiales, se concluye que el ausentismo fue del 22,6%. Es decir, que de los 11,15 millones inscritos, solo 8,6 millones votaron.
Alianza País hizo su propia reflexión. El lunes pasado, sus asambleístas se reunieron para evaluar su tarea en cada provincia. Dos días después el buró político hizo lo mismo. La conclusión fue que se ganó en las urnas, pero que se necesita escuchar el mensaje del electorado. Esa posición parecía distante del sábado 7, cuando había la algarabía por un triunfo con más de 20 puntos de diferencia. César Rodríguez, coordinador de la bancada de A. País, decía que se debe escuchar a los votantes por el No y por el Sí
El Movimiento Montecristi Vive tiene una lectura similar. El grupo, que incluye a Alberto Acosta, Betty Amores y Manuela Gallegos, pidió que se tome en cuenta a un 50% del electorado, que rechazó la posición oficialista votando No, nulo o blanco.
En ese escenario, la oposición también quiere cultivar los resultados. El lunes se tratará de armar un solo frente para la redacción de leyes. En ese núcleo están la Conaie, Montecristi Vive y Participación, de Gustavo Larrea.
Fuera del país, los resultados generaron reacciones. Reporteros Sin Fronteras pidió a los legisladores que tengan en cuenta criterios que eviten la censura previa y la incautación de medios vía sanciones administrativas.
Diario El País de España reflexionó sobre el futuro de la prensa. En su editorial asegura que si el presidente Rafael Correa “fuera un gobernante prudente comprendería que no se puede legislar en materias tan delicadas contra el parecer de una mayoría”.
La salida de tres vocales causa polémica
Benjamín Cevallos, titular del Consejo de la Judicatura, aseguró que no aceptará la renuncia de sus tres colegas Herman Jaramillo, Marco Cordero y Oswaldo Domínguez.
Ellos dimitieron el miércoles, pero para Cevallos tendrán que seguir en sus labores hasta que sean legalmente sustituidos. Es decir, hasta que llegue la comisión tripartita de transición.
Ayer, el Presidente de la Judicatura convocó a la prensa para aclarar la salida de sus compañeros y los problemas legales que acarrean. Según él, no está facultado para aceptar las renuncias y afirmó que tampoco pondrá en esos cargos a suplentes.
Cevallos sustenta su posición en el art. 27 del Régimen de Transición de la Constitución, que estipula que los vocales deberán permanecer en su cargo hasta que sean legalmente reemplazados. Lo mismo establece el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Cordero y Domínguez no estuvieron ayer en sus oficinas. A diferencia de ellos Herman Jaramillo sí estuvo a su despacho, pero no quiso dar declaraciones.
Cevallos aspira a que todos los vocales acudan a su trabajo o en caso contrario los denunciará como un abandono del cargo.
Otro vocal de la Judicatura, Ulpiano Salazar, opinó que presentar una renuncia en este momento no causará ningún efecto. “Estamos a las puertas de dejar nuestros cargos y resulta inconveniente si decidiéramos cerrar las puertas e irnos”. Además, añadió que espera que el proceso para escoger a sus sucesores cumpla la propuesta de campaña del Gobierno. Es decir que se necesitarán veedurías ciudadanas en cada provincia.
En ese sentido, Cevallos denunció que hay una campaña que intenta desprestigiar el trabajo de la Judicatura antes de su salida y que llega desde el interior del organismo. Especialmente, habló de una denuncia que presentó Salazar de un supuesto sobreprecio en la compra de un edificio. “No hay sobreprecio, ni mal manejo en la adquisición de bienes de la Judicatura”.