La discusión en torno a las reformas penales continúa en la Asamblea, pese a que esta semana concluyó el primer debate. Así, la socialista Silvia Salgado propuso que el Legislativo diera un plazo de 60 días al Consejo de la Judicatura, para hacer una auditoría que determine la actuación de jueces penales y de los tribunales que hayan dictado la caducidad de la prisión preventiva.
El tema está en debate, ya que el Ejecutivo ha anunciado la realización de una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con eliminar el año de caducidad de esta figura.
La auditoría permitiría ejecutar e implementar políticas de evaluación y control a jueces, como señala el art. 264, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. En los 60 días, el Consejo de la Judicatura tendría también que promulgar el Código de Ética, que exige la norma.
Por su parte, la oficialista Aminta Buenaño aseguró que la delincuencia no se terminará así se condene a 50, 100 ó 300 años de cárcel a quien delinque. “Así tengamos de Código Penal a la misma Biblia y a los ángeles escribiéndolo. Se acabará cuando se apliquen las leyes de manera proba, cuando obliguemos a esos jueces y fiscales corruptos a cumplir su función y al Consejo de Judicatura a vigilar y sancionarlos”.
Un criterio contrario mantiene Richard Guillén (PSP). Para el legislador, se debiera aumentar la condena a 30 años de reclusión a quien asesine o viole. También debiera aplicarse la acumulación de penas. Y sancionar con la destitución del cargo y hasta con dos años de prisión a los fiscales que incumplan su deber al menos en tres ocasiones.