Este 8 de noviembre, en Quito, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realizó una audiencia pública para analizar la denuncia de presunta violencia política de género presentada por Verónica Abad, contra Daniel Noboa.
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La diligencia, dirigida por el juez Guillermo Ortega, abordó la práctica de pruebas en este proceso. Abad también interpuso contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y dos excolaboradores, Diana Jácome y Esteban Torres, quienes son ahora candidatos a la Asamblea Nacional.
Abad sostiene que las acciones de Noboa, Sommerfeld y sus exfuncionarios limitaron sus funciones y afectado su capacidad para desempeñar su rol. Afirma que estas medidas buscan evitar que pueda asumir la presidencia en caso de ausencia temporal del mandatario.
La audiencia, que comenzó a las 10:00, inició con un pedido de la defensa de los denunciados. En este pidieron declarar en abandono la denuncia debido a la ausencia física de Abad. Sin embargo, Ortega indicó que los abogados de Abad representarían sus intereses en la audiencia.
Alegatos de la defensa de Verónica Abad contra Daniel Noboa
En la sesión, el abogado de Abad, Damián Armijos, presentó las causales que sustentan la denuncia de la vicepresidenta contra el presidente Noboa.
Entre las pruebas mencionadas, Abad alega que el mandatario la envió a Israel en un “exilio forzoso” en medio de un conflicto bélico. Según su equipo legal, constituye una forma de violencia política.
Armijos señaló además que Noboa ordenó la eliminación de la seguridad de Abad en Israel y subordinó sus funciones a las de la canciller Sommerfeld, limitando así su capacidad de acción y decisión.
El abogado añadió que la reestructuración de la Vicepresidencia sin la participación de Abad y el traslado posterior a Turquía como embajadora de paz buscan impedir que cumpla su labor en el ámbito público.
Estas decisiones, según la defensa, se enmarcan en una campaña de desprestigio que pretende menoscabar su imagen y afectar su derecho a la sucesión presidencial.
Participación de los otros involucrados y los reclamos de Verónica Abad
Durante la audiencia, Diana Jácome y Esteban Torres, también señalados en la denuncia.
Ambos figuran como excolaboradores del régimen de Daniel Noboa. Asimismo, están incluidos en la denuncia de Abad, quien argumenta que sus acciones han menoscabado su imagen pública en el ámbito político.
Los implicados manifestaron previamente que su participación no constituye violencia política en contra de Abad.
Abad acusa a Torres y Jácome de emitir declaraciones públicas que, según su equipo de defensa, afectan su imagen en el ámbito político, lo que se suma a las acusaciones contra el presidente y la canciller.
La Vicepresidenta también sostiene que estos exfuncionarios formaron parte de actos que intentan impedir su posibilidad de asumir la presidencia en caso de ausencia de Noboa.
Sentencia de primera instancia y posibles sanciones
La audiencia continuará durante varias horas para que el juez Ortega evalúe los elementos presentados y elabore un proyecto de sentencia en primera instancia.
Este fallo podría implicar sanciones como multas de hasta 70 salarios básicos unificados, suspensión de derechos políticos hasta por cuatro años, o incluso la destitución de alguno de los implicados si se encuentra responsabilidad en los actos denunciados.
No obstante, cualquiera de las partes podrá apelar el fallo, en cuyo caso el pleno de jueces del TCE revisará la causa y emitirá una decisión definitiva.
Defensa de Daniel Noboa
La defensa del presidente Daniel Noboa en la audiencia ante el TCE estuvo a cargo de Mercedes Mediavilla, una funcionaria de la Presidencia.
Mediavilla impugnó las pruebas presentadas Abad en su denuncia por presunta violencia política de género.
Mediavilla argumentó que todas las pruebas de Abad eran impertinentes, inútiles e inconducentes. Afirmó que no configuraban los elementos necesarios para sustentar una denuncia de violencia de género.
Mediavilla sostuvo que la Constitución otorga al presidente la facultad de encargar funciones a la Vicepresidencia, y que el nombramiento de Abad como embajadora en Israel era una de esas atribuciones, por lo que no constituía una violación a sus derechos.
Además, rechazó las acusaciones de censura, destacando que Abad tiene libertad para expresarse en diversos medios, lo cual, según la defensa, demuestra que no se le limitaron su derecho a la libertad de expresión.
