6 asambleístas han perdido sus curules; cambio a la ley sigue

Viviana Bonilla (izq.), asambleísta (exAP): “Después de todo lo que me está pasando no quiero saber de política nunca más en mi vida. No me metí en política para esto”. Johana Cedeño, asambleísta (AP): “No existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánic

Viviana Bonilla (izq.), asambleísta (exAP): “Después de todo lo que me está pasando no quiero saber de política nunca más en mi vida. No me metí en política para esto”. Johana Cedeño, asambleísta (AP): “No existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánic

Viviana Bonilla (izq.), asambleísta (exAP): “Después de todo lo que me está pasando no quiero saber de política nunca más en mi vida. No me metí en política para esto”. Johana Cedeño, asambleísta (AP): “No existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica (...) un mecanismo para reestructurar una comisión antes del tiempo”. Fotos: Archivo EL COMERCIO

La Asamblea retomará hoy el segundo debate de la Ley de la Función Legislativa, que incluye la creación de un Comité de Ética. Esto, cuando suman seis los asambleístas forzados a dejar sus curules en este período.

Viviana Bonilla (exAP) es la sexta asambleísta en entrar a este listado, ya que forma parte de los 20 sentenciados del caso Sobornos. El Parlamento solo está a la espera de la notificación de la Corte para posesionar a su alterno, Rodrigo Collaguazo, de forma definitiva.

Después de que no se diera paso a la casación, la pérdida de su curul es inevitable, pues la sentencia penal condenatoria ejecutoriada es una de las seis causales que estipula la Ley Legislativa.

Otra de las causales para perder ese cargo es la renuncia. A ella se acogieron Daniel Mendoza, excoordinador del bloque AP-aliados, y Eliseo Azuero (BADI), quienes son procesados por supuesta delincuencia organizada.

Con su decisión, ambos evadieron los procesos de destitución que enfrentaban en el Parlamento, como los que terminaron con la salida de Norma Vallejo (AP), Sofía Espín y Ana Galarza (exCreo), por irregularidades.

Azuero renunció el martes pasado. Su paradero se desconoce desde hace un mes y medio. Amapola Naranjo (RC), quien buscaba que fuese destituido, insistirá para que sea censurado en el Pleno. Una Comisión Multipartidista lo responsabilizó de gestionar cargos y fondos públicos.

En las reformas a la Ley Legislativa se discute la posibilidad de crear un Comité de Ética, con cinco representantes de las bancadas, para que la Asamblea pueda responder a hechos de este tipo.

A diferencia de las comisiones ocasionales, si el Comité se aprueba no actuaría solo por denuncias sino que investigaría de oficio a los legisladores que incurran en actos como el cobro de aportes a sus trabajadores, cuando no trabajen o se dediquen al ‘lobby’.

Los asambleístas, sin embargo, no se ponen de acuerdo aún en si esta instancia sesionaría de manera permanente o temporal. Entre otros, Eliseo Azuero y Viviana Bonilla fueron los que plantearon la creación de esta instancia. De los 137 legisladores, unos 60 afrontan procesos judiciales.

El segundo debate del proyecto se retomará este jueves, a las 15:00, después de poco más de siete meses de haber sido suspendido. La base es un informe que fue aprobado por la Comisión de Justicia, el 9 de mayo del 2019.

“Hay que hacer acuerdos y llegar a consensos, no es una ley tan sencilla, es bastante amplia”, adujo el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), al explicar la demora en el trámite de la reforma.

El proyecto se compone de 170 artículos. Lleva dos años en análisis, después de que otro fuera vetado en su totalidad por el Ejecutivo, el 12 de junio del 2017, por razones de constitucionalidad.

Para César Rohón, coordinador del PSC, el hecho de que hasta ahora no sea aprobado demuestra que “no hay un continuo tratamiento de los temas” en el Parlamento. “Al paso que va, esto va a quedar para la próxima Legislatura”, advirtió.

Marcela Aguiñaga (RC), expresidenta de la Comisión de Justicia, resaltó que el proyecto también apunta a que la Comisión de Fiscalización deberá sesionar de modo permanente y ya no podrá archivar o dejar en el limbo por falta de votos los pedidos de juicio político, sino enviar todos los expedientes al Pleno.

Reorganización

Mientras tanto, el Pleno se instaló ayer para debatir una posible reestructuración de esta mesa parlamentaria, tras las renuncias de Azuero y de Mendoza y la investigación por supuesta concusión que enfrenta Karina Arteaga (AP), otra de sus integrantes.

La presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), calificó de “improcedente e ilegal” al procedimiento; además, sostuvo que son “infundadas” las denuncias de supuestos repartos que afrontan otros de sus integrantes.

“No existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni en ningún reglamento un mecanismo para reestructurar una comisión antes del tiempo para el cual determina la ley”, ar­gumentó Cedeño.

La postura coincidió con la del presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), y de los coordinadores del bloque de Creo, Luis Pachala, y del Bloque de Integración Nacional (BIN), Eddy Peñafiel.

Suplementos digitales