Las conversaciones difundidas por la Fiscalía, incluidas en el expediente del caso Ligados, han reavivado el debate en la Asamblea Nacional.
En el centro de la polémica están exconsejeros y una actual consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes son investigados por presunta asociación ilícita.
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Diversos sectores legislativos buscan incorporar el tema en la agenda del pleno.
Mientras tanto, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) aún no define una postura oficial al respecto. La situación generó tensiones entre los distintos bloques políticos, que analizan las implicaciones de los mensajes revelados.
Revelaciones del caso Ligados y acusaciones en la Asamblea
Los chats divulgados por la Fiscalía muestran presuntas negociaciones relacionadas con el retraso en la posesión del nuevo Superintendente de Bancos. Según Valentina Centeno, coordinadora del bloque Acción Democrática Nacional (ADN), estas conversaciones evidencian una estructura de tráfico de influencias.
Además, sostiene que los mensajes confirman una coordinación entre la Asamblea Nacional y el Cpccs para la designación de autoridades.
Centeno ha señalado que los mensajes incluyen referencias a la entrega de cuatro cargos estratégicos dentro de la Superintendencia de Bancos como condición para retrasar una posesión.
En su criterio, esto demostraría una red de corrupción que buscaba controlar instituciones clave del Estado. La legisladora insistió en que se debe investigar el nivel de influencia política en estos procesos.
Respuestas y posturas legislativas
Desde el bloque Construye, Jorge Peñafiel manifestó que los chats reflejan un interés de la Revolución Ciudadana en manipular la designación de autoridades. Según su criterio, las conversaciones revelan intentos de controlar procesos administrativos en el CPCCS.
Para Peñafiel, esto demuestra que los consejeros actuaban con base en intereses partidistas y no de manera independiente.
El legislador también indicó que su bancada evalúa solicitar una modificación en el orden del día de la Asamblea para abordar este tema. Argumentó que la fiscalización debe ser una prioridad para garantizar transparencia en el proceso de designación de autoridades.
