Esta mañana, el Pleno de la Asamblea vuelve a reunirse para tratar la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad. Se trata del segundo y definitivo debate sobre el informe que elaboró la Comisión de Derechos Colectivos del Parlamento Nacional.
El objetivo de esta legislación es crear organismos que pretenderán impulsar los derechos de igualdad y la no discriminación de personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de colectivos. Su objetivo es “fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”, dice el texto de la ley que se debate hoy.
Según esta ley, los Consejos de la Igualdad son organismos de derecho público que forman parte de la Función Ejecutiva, aunque tendrán autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera. Además, no requieren de estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para sus funciones.
Son cinco los Consejos de Igualdad a crearse, si la ley consigue los votos suficientes: de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades y de movilidad humana.
Cada una de ellas estará integrada por 10 personas con su respectivos suplentes. El presidente de cada uno de ellos, quien tendrá el voto dirimente, será designado por el Presidente de la República. Otros cuatro representantes provendrán de las cuatro restantes funciones del Estado: Legislativa, Judicial, Transparencia y Electoral.
Los demás participantes serán seleccionados el por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social luego de un concurso público de méritos. Si bien esos nombres pueden ser patrocinados por una o varias organizaciones sociales, deben tener como requisito ser titulares del derecho conforme con las temáticas de cada uno de estos organismos.
Este proyecto de ley ingresó a la comisión especializada en noviembre del año pasado. Y si consigue los votos suficientes, las instituciones del Estado que trabajaban sobre estos temas, como el de la Niñez y la Adolescencia o el Consejo Nacional de Discapacitados formarán parte del consejo que les corresponda.
Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión, está optimista: “de aprobarse esta ley, habrá una participación activa de la sociedad con el Estado para acortar las brechas de desigualdades”.