La Asamblea tramitó 14 pedidos de juicio político desde el 2017

Johana Cedeño (AP) preside desde mayo pasado la Comisión de Fiscalización. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Johana Cedeño (AP) preside desde mayo pasado la Comisión de Fiscalización. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Johana Cedeño (AP) preside desde mayo pasado la Comisión de Fiscalización. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En lo que va del periodo de la Asamblea, que se inició en mayo de 2017 y concluirá en 2021, un total de 14 solicitudes de juicio político han sido tramitadas por la Asamblea Nacional.

A pesar de que solo cinco de ellos han terminado con una censura y destitución de funcionarios en el Pleno, el número no tiene precedentes en relación a la década pasada, cuando el oficialismo controlaba la mayoría parlamentaria y, según legisladores de la oposición, terminaban en el archivo o en el limbo.

La Comisión de Fiscalización y Control Político tiene programado para la próxima semana iniciar con un nuevo proceso de este tipo. Esta vez, contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por supuesto incumplimiento de funciones.

Johana Cedeño (AP), presidenta de la mesa, convocó a los comisionados para una reunión a las 8:00 del martes 7 de enero. Allí avocarán conocimiento de la solicitud que fue aceptada a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 10 de diciembre pasado.

El proceso es liderado por los asambleístas Fernando Flores y Jeannine Cruz, del bloque de Creo, quienes acusan a la Presidenta del CNE de negligencia en los comicios del año pasado, una falta de respuesta a un pedido de consulta popular del Colectivo Yasunidos, y de no haber investigado una denuncia presentada en contra de un funcionario sentenciado por el delito de asociación ilícita.

El CNE prevé en febrero próximo aprobar el plan operativo para las elecciones generales de 2021, por lo que Atamaint espera que su caso se resuelva hasta entonces.

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), sostuvo que el trabajo de fiscalización y control político no solo debe ser evaluado en función del número de censuras en el Pleno, sino también con base en los pedidos de información y comparecencias que se realizan en las comisiones.

Desde que a mediados de mayo pasado Litardo asumió la Presidencia de la Asamblea, tres juicios políticos se resolvieron en el Pleno. Uno con cesura y destitución en contra de José Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y otros tres vocales del organismo, así como la censura a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. No así con la excanciller, María Fernanda Espinosa, cuya moción de censura no fue aprobada.

En la Comisión de Fiscalización, después de un proceso de sustanciación, se archivó los casos de la ministra de Gobierno, María Paulo Romo; y de los ex integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio. Se encuentra pendiente de resolución del Pleno el caso del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres.

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