Nueve semanas han pasado desde que la Asamblea arrancó su mandato 2021-2025. Los pedidos de cambiar el orden del día con exhortos al Ejecutivo ya son la tónica.
Desde el 14 de mayo hasta ahora, el Pleno ha sesionado por 15 ocasiones, según refleja su sistema de registros, sin contar la sesión de instalación que tomó cinco jornadas por desacuerdos en la elección de sus autoridades.
En este lapso se han presentado 20 pedidos para cambiar el orden del día de las plenarias: un promedio de 10 por mes, una vez transcurridos dos meses y ocho días.
De ese número, ocho fueron presentados por asambleístas del correísmo, cuatro de Pachakutik, tres de la ID, dos del PSC y dos independientes. El oficialista Creo presentó uno hace un mes para una resolución de condena al régimen de Daniel Ortega, pero no fue acogido.
Ayer 22 de julio, en la sesión 719 se presentaron dos: uno para instar al Ejecutivo a que cree un organismo para el registro de datos públicos, y otro para exhortar a Carondelet a que se recupere al Instituto Izquieta Pérez. Ambos no lograron los 70 votos para ser acogidos, pero provocaron que la sesión se instalara una hora más tarde de lo previsto.
Así, se mantuvo el único punto de la convocatoria: el segundo debate del proyecto de Ley de creación de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, una iniciativa que se tramita en tiempo récord, si se toma en cuenta que el primer debate se dio hace apenas nueve días.
Un día antes hubo un exhorto al Ejecutivo para que derogara el impuesto del 2% a las ventas de las microempresas. Fue aprobado después de un debate que ocupó a 22 legisladores por tres horas.
La moción fue empujada por el bloque de Pachakutik y fue aprobada con 121 votos. Diego Ordóñez, de Creo, y otros tres se abstuvieron.
Para Ordóñez, fue una resolución absurda. “La Asamblea pierde el tiempo debatiendo el pedido al gobierno de eliminar el 2% a pymes, que fue propuesta del Presidente. ¡Exhortarle para que haga lo que él propuso! Pérdida del tiempo”, enfatizó.
Salvador Quishpe, de Pachakutik, rechazó esas expresiones. Un mes antes, este asambleísta planteó una resolución para exhortar al Ejecutivo a que conformara una mesa de diálogo entre transportistas y sectores sociales, en torno a la eliminación del subsidio a los combustibles, pese a que Carondelet ya lo había hecho.
Por su lado, el correísmo sigue a la espera de que el Pleno apruebe una resolución de condena al acuerdo suscrito con el Ciadi. La estrategia fue presionar a Pachakutik a que apoye como una postura de la izquierda, lo que se evidenció en la sesión del 15 de julio pasado, que fue suspendida después de tres horas de debate y al final no se votó.
El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), reconoce que se trata de una práctica parlamentaria poco efectiva. La palabra exhorto, inclusive, no consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se detallan las atribuciones que tiene el Parlamento para legislar y fiscalizar.
“A veces, se cambia el orden del día y discutimos un exhorto tres horas o durante dos sesiones. Creo que más bien debemos producir leyes antes que exhortos”, dice.
El primer vocal del CAL, Darwin Pereira, asegura que se ha conversado con los jefes de las bancadas para frenar esta práctica.
“Hay exhortos que nos permiten encaminarnos en avanzar hacia el cumplimiento de las leyes y habrá otros que se queden simplemente en letra muerta, pero la idea es que ya paremos los exhortos”, asegura.
El politólogo Arturo Mosquera dice que esta dinámica refleja “una suerte de parálisis” para tramitar leyes que importan al país. Hasta ahora no se ha tramitado ningún proyecto económico nuevo o la ley para el manejo de la pandemia, que fue requerida hace 11 meses por la Corte Constitucional.
“Si hubiera acuerdos más grandes, más fuertes (entre las bancadas) probablemente no habría tantos exhortos”.