Tres pedidos de juicio político, además de la resolución del caso de los tres vocales de la Judicatura, la investigación a Guadalupe Llori por supuestos diezmos, la resolución sobre el veto del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación, quedarán para después de la vacancia legislativa.
Los plazos para este tipo de trámites estarán suspendidos desde el 12 al 26 de septiembre, debido al receso al que se acogerá la Asamblea. En este lapso no habrá sesiones del Pleno ni de las comisiones especializadas.
La última sesión del Pleno está prevista para el próximo domingo 11, pero tendrá el carácter de solemne. Esta se dará en Riobamba, a propósito del Día de la República.
Situación de la Judicatura
La reinstalación de la sesión 798 del Pleno, donde quedó pendiente la nueva votación del juicio político a los tres vocales de la Judicatura, no tiene fecha definida. El presidente, Virgilio Saquicela (ind.), dispone hasta seis semanas para retomarla.
La decisión es clave para el futuro de Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo, contra quienes el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) maniobran para que el Pleno los destituya, lo que, en una primera votación, alcanzó 87 de los 92 votos necesarios.
El proceso quedó inconcluso debido a que Saquicela dispuso a la interpelante, Viviana Veloz (Unes), presente una nueva moción, un procedimiento tachado de irregular y de una maniobra política por el oficialismo, Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática.
Veloz y el solicialcristiano Luis Almeida, el otro interpelante, abandonaron el hemiciclo, a pesar de haber registrado su asistencia y que minutos antes de ausentarse mantuvieron diálogos con Saquicela en el estrado. En un comunicado, el correísmo respaldó a la legisladora.
“Yo no quisiera hablar de una estrategia. Más bien, la ponente cuando se reanude la sesión debe presentar la moción”, dijo Paola Cabezas (Unes), sin explicar por qué Veloz abandonó la sala.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, consideró que la sesión se retomará hasta que Saquicela y sus aliados puedan reunir los cinco votos que les falta para la censura y destitución de las autoridades del organismo encargado de la administración y disciplina de jueces y fiscales.
Otros juicios políticos
A la Comisión de Fiscalización le corresponde sustanciar otro juicio político: contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El jueves 8, la Asambleablea resolvió unificar los pedidos de interpelación que fueron presentados, por separado, por los asambleístas Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik, y por Mireya Pazmiño y Salvador Maita, del ala radical del movimiento indígena.
Las autoridades del Consejo son acusadas de incumplimiento de funciones por haber modificado el reglamento mientras en medio del concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado, y por falta de transparencia en el nombramiento del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
La sustanciación de un juicio político toma alrededor de un mes. El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó dos pedidos de interpelación contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por supuesto incumplimiento de funciones en materia de seguridad ciudadana y por el paro de junio.
Una de las solicitudes en contra de Carrillo fue presentada por Jahaira Urresta, de Unes, y Peter Calo, del ala radical de Pachakutik. La otra solicitud provino de Lucía Placencia y Johana Moreira, disidentes de la Izquierda Democrática (ID).
“Cinco meses como Ministro enfrentando la escalada de violencia y el dinero ilegal en la política, defendiendo la democracia, combatiendo mercados ilegales. Queda claro quiénes buscan juicio político y quiénes llevan la posta comunicacional de desprestigio a la política de seguridad”, tuiteó Carrillo frente a la resolución del CAL.
Además, fue calificado a trámite un pedido de juicio político para la exministra de Salud, Ximena Garzón, a quien Ricardo Vanegas, de Pachakutik, responsabiliza de problemas en la entrega de medicinas a la red de salud pública.
Investigación a Llori
El Comité de Ética de la Asamblea deberá activarse. Esto, después de que el 7 de septiembre el CAL calificó a trámite la denuncia con la que Johanna Ortiz (Unes) busca que Guadalupe Llori (PK) sea destituida de la Asamblea por supuesto cobro de diezmos a sus colaboradores mientras ejercía como Presidenta.
En caso de un informe favorable, para la destitución de Llori se requerirán de 92 votos en el Pleno. Ella fue removida de la Presidencia de la Asamblea con 81 votos, del correísmo, el PSC y sus aliados el 31 de mayo.
Leyes
Sobre el veto parcial mixto del presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley de Comunicación, el titular de la Asamblea dijo este viernes 9 que a la comisión especializada le restan 10 días para presentar el informe.
Saquicela rechazó que se catalogue como una “mordaza” a este proyecto. “Nadie quiere perseguir a nadie, pero creo que sí deberían haber límites también”.
A la Asamblea le corresponde resolver las objeciones a 34 de las 69 disposiciones aprobadas por el Pleno. Mientras, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre las objeciones por inconstitucionalidad a 17 artículos.
El texto llegó a la Corte el 5 de septiembre. El juez ponente será Enrique Herrería Bonet.
En cuanto a un nuevo proyecto de Ley de Inversiones, el socialcristiano Esteban Torres consideró que los diálogos no deberían suspenderse por la vacancia legislativa. A nivel de técnicos se prepara una propuesta, en la comisión mixta conformada por el Legislativo y el Ejecutivo.