La Asamblea pide a Fiscalía y Contraloría investigar denuncias
El Pleno de la Asamblea sesionó por última vez en modo presencial en marzo del 2020. Foto: archivo / EL COMERCIO
La depuración de la Asamblea vuelve a debate. En el Pleno se prevé conformar la próxima semana (15 de junio del 2020) una comisión multipartidista para investigar a Daniel Mendoza, del movimiento Mejor.
Antes de que este proceso arrancara, las bancadas pidieron ayer, 12 de junio, que la Fiscalía y la Contraloría actuasen con agilidad en las denuncias que también afrontan otros legisladores por supuestas irregularidades.
La reacción se dio luego de que el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, durante una comparecencia, afirmara que conoce “que hay influencias por parte de asambleístas para la dirección y para la gestión hospitalaria”, aunque no dio nombres ni más detalles.
El socialcristiano César Rohón demandó que la Fiscalía General actuara de oficio para que sean sancionados “todos los asambleístas [...] inmersos en este toma y daca de cargos públicos”.
“Es importante que algo tan serio no quede como un comentario o denuncia, sino que se llegue al fondo de la investigación”, apuntó Sebastián Palacios (SUMA), integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea.
Durante una entrevista para la cadena NTN24, el presidente Lenín Moreno negó que su administración entregue hospitales como cuotas políticas a cambio de votos.
“Todo el mundo sabe que en más de una ocasión asambleístas solicitan cargos. La decisión que tomamos en la cúpula de Gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie”, dijo Moreno.
Sin embargo, esta no es la primera vez que un Ministro hace una afirmación como la que realizó Zevallos. En el 2019, el entonces titular de la cartera de Energía, Carlos Pérez, dijo haber recibido llamadas de varios asambleístas para acceder a puestos en empresas eléctricas.
El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Eliseo Azuero (independiente), explicó que se debe presentar una denuncia juramentada para que el Parlamento pueda emprender una investigación.
En el caso de Daniel Mendoza, las asambleístas Tanlly Vera (Creo) y la correísta Verónica Guevara impulsan el proceso de destitución. Lo acusan de incumplir la Constitución y la Ley, que prohíben a los legisladores ofrecer, tramitar o administrar recursos públicos.
La Comisión deberá definirse en el Pleno, como se hizo en los casos que terminaron en la destitución de las asambleístas Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza (Creo), en los últimos tres años. La terna todavía no está definida.
Ana Belén Marín (AP), primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), reconoció que este tipo de denuncias “empañan” a esta función, pero dijo que “no pueden opacar la gestión” de todos.
El lunes 8 de junio, el CAL suspendió el pago del sueldo a Mendoza y principalizó a su alterna, Pinuccia Colamarco. El legislador permanece detenido desde hace una semana, mientras la Fiscalía lo investiga por supuesta delincuencia organizada.
Una decisión similar tomó este organismo en octubre pasado, para el caso de los asambleístas del correísmo Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, a quienes México concedió asilo político.
En el caso del asambleísta Yofre Poma, también del correísmo, su sueldo estuvo suspendido por cuatro meses hasta febrero pasado, cuando la Corte Nacional le concedió una medida cautelar.
Poma afronta un proceso judicial por paralización de servicios públicos.
El Pleno tiene en suspenso la conformación de otra Comisión Multipartidista para que investigue a Karina Arteaga (AP), a quien Villamar la denunció de presuntamente gestionar cargos públicos.
Desde diciembre pasado, el Pleno dejó en suspenso el segundo debate y votación del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa, en el que se contempla crear un Comité de Ética.
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