Se necesitan 92 de 137 votos en la Asamblea Nacional para avanzar en el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso. En primera instancia la sesión fue convocada el sábado 25 de junio a las 18:00, pero se suspendió luego de más de siete horas de debate.
A las 16:00 del domingo 26 de junio de 2022 se retomará la reunión donde hablarán ocho de los 40 legisladores que pidieron la palabra.
De acuerdo con la ley, se necesita la aprobación de por lo menos dos tercios de asambleístas para continuar con el proceso. Las bancadas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Bancada del Acuerdo Nacional y varios independientes han adelantado que no respaldarán la propuesta correista.
La sesión virtual del pleno inició con la intervención de Virgilio Saquicela, que dio cuentas de su reunión con Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en favor de impulsar el diálogo entre el Gobierno y el dirigente indígena. Según declaró, consistía en un primer acercamiento entre ambas partes.
Sin embargo, Iza rechazó esas declaraciones y ratificó su intención de permanecer en Quito hasta que el Gobierno cumpla con los 10 puntos.
La reunión siguió con la presentación de las pruebas de descargo por parte de Lasso. El mandatario no se presentó y envió en su lugar al asesor jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, que leyó una carta.
En la misiva Lasso califica como una “absoluta irresponsabilidad” la solicitud promovida por el correísmo. Adujo que no se cumplen los requisitos para proceder con el trámite.
El debate
Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana inició el debate ya que fue quien suscribió el pedido para iniciar el procedimiento de destitución. Justificó la crisis y conmoción por la falta de medicinas e insumos en hospitales y la escalada de violencia e inseguridad.
Más adelante los también correistas Pierina Correa y Pabel Muñoz denunciaron la ausencia del mandatario en ese pleno. Su crítica estuvo basada en el manejo económico del Gobierno durante los 13 meses de gestión.
Por el lado de UNES, la legisladora Sofía Espín criticó la reacción tardía del presidente ante la crisis del paro nacional. “Es consecuencia del desgobierno. No han planteado soluciones”, sentenció.
Desde el oficialismo, Ana Belén Cordero llamó a respetar el procedimiento parlamentario y recordó que durante el correísmo se vivieron 90 días de estado de excepción.
Ya por la Izquierda Democrática, Johana Moreira, instó a sus compañeros a suspender la sesión aduciendo que el presidente debe “cumplir con las demandas sociales”. “Sabemos que no tenemos los 92 votos, pero queremos agotar las vías de presión”, declaró.
El proceso
Para avanzar con la destitución del primer mandatario se deben comprobar las causales contempladas en el numeral dos del artículo 130 de la Constitución, “grave crisis política y conmoción interna”.
Según la ley, hay un plazo de 72 horas para resolver el pedido de destitución luego de la sesión de la Asamblea.
Por su parte, Lasso derogó la tarde del sábado el decreto de estado de excepción en seis provincias del país. Esa era la motivación para el pedido de destitución, alegando que el Ecuador atraviesa una “grave crisis política y conmoción interna”.
Aunque en las calles las manifestaciones siguen y los líderes indígenas han anunciado que no permitirán una desmovilización.