La Asamblea cerró este 4 de mayo del 2020 el primer debate de la Ley Humanitaria planteada por el Gobierno para afrontar la crisis del covid-19. La sesión se realizó virtualmente debido a la crisis sanitaria. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Con la participación de 102 de los 137 asambleísta hoy, lunes 4 de mayo del 2020, concluyó el primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario en el Pleno del Parlamento, a través de videoconferencias debido al confinamiento por el covid-19.
El debate se dio en cuatro jornadas consecutivas, que tomaron alrededor de siete horas cada una, desde el jueves pasado. La última se desarrolló hoy entre las 10:30 y 13:30.
En el Pleno las bancadas no lograron ponerse de acuerdo sobre la base de la tabla para contribuciones de empleados públicos y privados.
Para el caso de los trabajadores autónomos, hubo pedidos de los legisladores para excluirlos o incluir excepciones. Gabriela Larreátegui, de Suma, propuso que la base imponible de la contribución sea los ingresos netos del mes anterior a la fecha de pago.
El informe de la Comisión señaló que deberán pagar una contribución humanitaria sobre el promedio mensual de tales ingresos, aquellas personas naturales que realicen actividades económicas y que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos netos de cualquier fuente distinta a la de los empleados públicos y privados.
El informe que preparó la Comisión de Desarrollo Económico sugería partir de los sueldos de USD 720, que cubre la canasta básica. El Ejecutivo, USD 500.
El bloque de Creo planteó que esto se aplique desde los USD 2 500, mientras asambleístas independientes y algunos de Alianza País (AP) desde USD 1 000 o USD 1 500.
La Comisión precisó que el pago se realizará durante nueve (9) meses, contados a partir del mes siguiente al de la promulgación de esta Ley en el Registro Oficial.
“Se ha tenido un debate productivo, un debate en el marco de lo que la Asamblea establece dentro de sus funciones y responsabilidades”, dijo el presidente de esta Función, César Litardo (AP), al cerrar la sesión.
Litardo confía en que los aportes se conviertan “en un insumo importante para que la ley sea perfeccionado y garantice ese sentimiento humanitario” para enfrentar la crisis derivada del covid-19.
Las bancadas del PSC y Suma se oponen a las contribuciones. El correísmo propuso que se graven con 2% los bienes de empresas vinculadas a paraísos fiscales, y un impuesto progresivo desde el 0,9% a patrimonios de USD 1 millón.
Entre los últimos en intervenir estuvieron los asambleístas José Serrano, del bloque de AP y aliados, y Wilma Andrade de la Izquierda Democrática.
Serrano demandó que dentro del proyecto se incluya una disposición para obligar a que la banca reinvierta el 100% de sus ganancias en el país.
Mientras que Andrade, una transitoria para que se retire las pensiones vitalicias a los expresidentes y exvicepresidentes de la República si no terminan su mandato o si son sentenciados por hechos de corrupción.
Los acuerdos entre las bancadas giraron en aspectos como rebajas temporales en servicio eléctrico, rebaja en pensiones educativas, suspensión de desahucio con excepciones a grupos de atención prioritaria, créditos para el sector productivo y reprogramación de obligaciones financieras en el período de excepción.
Tras el primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico tendrá cuatro días para recoger las observaciones de los asambleístas y elaborar el informe para segundo debate y votación.
Litardo afirmó que el trámite de este proyecto avanza en los plazos establecidos. La Asamblea tiene hasta el 16 de mayo para aprobar, modificar o negar este texto.