Asamblea Nacional aprobó resolución sobre carnés de discapacidad; Fabricio Villamar será investigado

Foto referencial. Con 125 votos a favor y 1 abstención, el Pleno aprobó la resolución sobre carnés de discapacidad en la que dispone una investigación para Villamar, a través de una comisión multipartidista. La denuncia será presentada por Rodrigo Collaguazo (AP). Foto: Archivo / EL COMERCIO

Extemporáneo. Así calificaron asambleístas de todas las bancadas al informe de la Comisión de Salud en torno a la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad que este martes 23 de marzo de 2021 tuvo una resolución en el Pleno.

El presidente del Parlamento, César Litaro (AP), encargado de incluir los temas en el orden del día del Pleno, no dirigió la sesión. Tampoco intervino el legislador Fabricio Villamar, contra quien la Comisión recomendó un proceso disciplinario que podría dar lugar a su destitución, a menos de dos meses de que termine el mandato.

El documento recoge que el Ministerio de Salud detectó irregularidades en la entrega de un documento de este tipo para Villamar y que “se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas”.

El debate tomó poco más de tres horas y participaron 16 asambleístas. Israel Cruz (Suma), Marcia Arregui (AP), Ramón Terán (PSC) y Alberto Zambrano (AP) rechazaron haber sido involucrados en el escándalo.

Cruz, Arregui y Terán justificaron contar con este documento por distintas enfermedades, incluso antes de llegar a la Legislatura. Ellos condenaron el tratamiento del tema en medios y redes sociales.

“En su momento las calumnias me llegaron a afectar psicológicamente porque no me parece justo que se nos levante falsas aseveraciones y que paguemos justos por pecadores”, dijo Cruz, quien cuenta con el documento por una enfermedad catastrófica.

Los parlamentarios desmintieron haber usado el carné para beneficios tributarios. “Había un asambleísta tirado a adalid, a impoluto, el que denunciaba a todo el mundo, el que denunciaba la corrupción y resulta que él sí utilizó su carné de discapacidad para traer vehículos, para evadir tributos e inclusive pensiones alimenticias; vergüenza, por él estamos en este de inconvenientes”, agregó Arregui.

El asambleísta socialcristiano Ramón Terán aseguró que fue uno de los primeros en acogerse a la recalificación para el carné de discapacidad “y sacar adelante el buen nombre” de los parlamentarios.

William Garzón (AP), presidente de la Comisión de Salud, remarcó que “queda claro que no son los 137 asambleístas que tienen un carné de discapacidad”.

“De la información recibida, únicamente se ha determinado que en los dos periodos legislativos: 2013-2017 y 2017-2021, apenas 11 legisladores constan con carné de discapacidad; esta desinformación ha servido para denigrar y denostar a esta Asamblea”, acotó.

Sin embargo, junto con otros legisladores como Nancy Guamba y Marcela Aguiñaga (RC) o Patricia Enríquez (PSC) cuestionó que el informe recién ahora llegara a conocimiento del Pleno cuando la Comisión lo aprobó hace seis meses.

“Es una hipocresía”, expresó Guamba, en referencia a que una de las recomendaciones era llevar a juicio político a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, lo que ya no será posible porque ella renunció hace más de un año.

Al final, con 125 votos a favor y 1 abstención, el Pleno aprobó la resolución en la que dispone una investigación para Villamar, a través de una comisión multipartidista. La denuncia será presentada por Rodrigo Collaguazo (AP).

La resolución contiene estos términos:

Artículo 1.- CONOCER el informe no vinculante de la investigación para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad, elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, y acoger las recomendaciones efectuadas en el mismo, de acuerdo con el articulado siguiente.

Artículo 2.- INSTAR a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República y con su obligación de remitir a la Función Legislativa, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su función de fiscalización y control político.

Artículo 3.- EXIGIR al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, en aplicación estricta de la Constitución y la Ley establezcan políticas, normativas y medidas, que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad, especialmente con el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de Fiscalización.

Artículo 4.- EXHORTAR a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y pre procesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular emisión, obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Artículo 5.- SOLICITAR al Ministerio de Salud Pública un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud.

Artículo 6.- Sin perjuicio de las acciones que viene realizando la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, con base a la documentación remitida por el Ministerio de Salud Pública, que informó haber detectado irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, que a su vez, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de las y los asambleístas, quienes son responsables políticamente, ante la sociedad, por sus acciones u omisiones; DISPONER se inicie, respetando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legítima defensa, la respectiva investigación según lo contemplado en el Capítulo XIX de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre los deberes éticos, prohibiciones y sanciones a las y los asambleístas y conforme lo dispuesto en los artículos 165 y 166, concordantes con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución de la República.

Artículo 7.- DESIGNAR al señor asambleísta Rodrigo Collaguazo Pilco, fin de que presente la denuncia correspondiente en contra del señor asambleísta Fabricio Villamar Jácome, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe no vinculante de la investigación para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad, de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud.

Artículo 8.- EXHORTAR a todos los funcionarios del sector público considerados en el artículo 225 de la Constitución de la República, para que de forma voluntaria y en un ejercicio de transparencia, suscriban el formulario provisto por el Ministerio de Salud Pública y con ello se dé inicio formal al proceso de recalificación, para evidenciar la legalidad y legitimidad de los documentos de los cuales son portadores.
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