La Asamblea Nacional concedió amnistía para 20 líderes indígenas, este jueves 30 de julio del 2020. Foto: Captura
Con 112 votos a favor, la Asamblea Nacional concedió amnistía para 20 líderes indígenas e integrantes de la comunidad de San Pedro de Cañar, tras un debate que tomó cuatro horas en la sesión 678 del Pleno en modalidad virtual, hoy jueves 30 de julio del 2020.
La moción fue presentada por el asambleísta José Serrano (AP), exministro del Interior entre 2011 y 2016, con base a un informe favorable de la Comisión de Justicia de la que forma parte.
Serrano dijo que “es el momento de reivindicar la paz social” y señaló que los 20 líderes indígenas fueron criminalizados por la justicia ordinaria bajo los cargos de secuestro extorsivo por aplicar la justicia indígena en 2015.
“Es el momento de reivindicar la paz social, la armonía de nuestro país, no solamente frente a esta pandemia sino a las pandemias que vendrán más adelante, pero sobre todo frente a la pandemia de la discriminación que han venido sufriendo nuestros pueblos y nacionalidades indígenas”, afirmó.
El asambleísta no acogió un pedido de los independientes Héctor Muñoz y Lourdes Cuesta para que se votara por separado cada expediente. Muñoz lo calificó como un error, pues alertó que no todos los casos se trataban de delitos políticos, sino delitos comunes.
Cuesta apuntó que al interior de la Comisión, por ejemplo, votó en contra porque uno de ellos incurría en violencia contra las mujeres “y no podemos a pretexto de decir que estamos respetando prácticas ancestrales permitir que se golpee, se lastime a mujeres”.
El asambleísta tsáchila Ángel Gende replicó que “la administración de la justicia indígena nunca vulnerará los derechos de los niños, mujeres” y que esta se aplica “desde antes de la creación del Estado ecuatoriano”.
“Hemos vivido en carne propia la injusticia, la discriminación social y la falta de claridad en la administración de justicia ordinaria. También nosotros tenemos el debido proceso, pero eso no se ve truncado por algunas vivezas jurídicas… no hay coimas”, dijo.
Los asambleístas Jaime Olivo y Encarnación Duchi, de Pachakutik, y Luis Pachala, de Creo, también defendieron la aplicación de la justicia indígena y destacaron que es un derecho reconocido por la Constitución.
En el caso de San Pedro de Cañar, Elio Peña (PK) dijo que este mecanismo le permitió a la comunidad recuperar la paz frente a problemas como robo de ganado. Rechazó que fueran procesados por delitos como secuestro y extorsión. Unos tienen sentencia, otros están prófugos y otros siguen procesados, mencionó.
El correísta Juan Cárdenas pidió que la Comisión de Derechos Colectivos avance en el trámite de una ley orgánica para la justicia indígena.
Cárdenas abogó, además, por el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una sentencia de seis años de cárcel en Latacunga por la trama de corrupción de Odebrecht. Lo calificó como un “ciudadano excepcional” y un “patriota que fue capaz el cambio de la matriz energética” en el país.
“No podemos consentir que haya cárceles llenas de injusticia. En este caso, el caso de Jorge Glas que reclama por justicia, que reclama por su libertad, que reclama porque se aplique la ley, porque se le otorgue la prelibertad o por lo menos se lo traslade a un lugar donde se le garantice su integridad aunque de forma precaria”, dijo.
La amnistía implica el olvido, tanto del Estado como de los imputados, de este proceso. La moción presentada por Serrano también tuvo 19 abstenciones y dos votos en blanco.
“Resuelta la amnistía no podrán ejercerse acciones penales por hechos investigados en los procesos motivos de esta amnistía. En estos procesos iniciados se extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales, así como la inmediata excarcelación en caso de personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión”, indica el texto.
A su vez, la Asamblea “reafirma la vigencia del estado plurinacional e intercultural el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al ejercicio de sus derechos colectivos”.