La Corte escogió 11 casos y deberá pronunciarse hasta la segunda semana de este mes. Fotos: Cortesía.
Mayra Tasipanta, la única concejala del cantón Mejía, ocupó el cargo de vicealcaldesa aproximadamente un mes y medio.
El 16 de septiembre pasado ese Cabildo resolvió nombrarla “segunda autoridad”, luego de que la jueza Wilma Guaipatín aceptara una acción de protección impulsada por la Defensoría del Pueblo, para que se respete el principio de paridad de género en la designación de la vicealcaldía.
Sin embargo, el Cabildo, liderado por Roberto Hidalgo, apeló la sentencia ante la Corte Provincial de Pichincha. En esa segunda instancia se negó el recurso de la Defensoría y quedó sin efecto el nombramiento de Tasipanta.
No es el único caso. En el Municipio de Otavalo se presentó una acción similar, pues, a pesar de que existen cinco representantes femeninas y cuatro ediles, no se respetó la paridad. Así lo comentó la concejala Paulina Vercoutere.
En primera instancia, dijo, el recurso fue aceptado. Sin embargo, el Concejo no volvió a sesionar para abordar el tema y dar cumplimiento a la sentencia. En la apelación ante la Corte Provincial de Imbabura, el recurso también fue revertido.
Según la edil Marisol Peñaloza, lo mismo ocurrió en el Municipio de Cuenca: fue aceptada la acción en primera instancia y negada en la apelación.
Debido a estos fallos “contradictorios”, la Defensoría, liderada por Freddy Carrión, solicitó a la Corte Constitucional (CC) que seleccione sentencias de este tipo para “unificar criterios” y sentar precedentes en la aplicación de la paridad.
La máxima instancia de interpretación constitucional resolvió tramitar el pedido de la Defensoría, pues cumple tres parámetros: gravedad, novedad y relevancia nacional.
Carrión recordó que desde julio del 2019 son 93 las acciones de protección que la Defensoría del Pueblo ha presentado, a escala nacional, para que se respete el principio de paridad de género. Con corte a febrero pasado, se logró que se designe a 22 vicealcaldesas con estos recursos legales.
Según el titular de la Defensoría, existen fallos “tan divergentes” que es difícil conceptualizar los criterios de los operadores de justicia sobre una misma vulneración.
Con corte hasta el 18 de febrero, en 104 concejos cantonales se cumple la paridad, mientras que 88 no acatan la norma. En otros 28 municipios no existen concejalas.
Tasipanta, Vercoutere y Peñaloza coinciden en que tras su pedido para que se respete la normativa vigente, han sido víctimas de violencia política.
Las concejalas esperan que con el pronunciamiento de la CC se aclare el procedimiento para que se acate la paridad.
Según la web de la Corte Constitucional, se revisarán 11 causas de este tipo. La sala de selección la integran los jueces Karla Andrade, Agustín Grijalva y Enrique Herrería.
Los magistrados, en el documento de notificación, señalan que estas sentencias ponen en discusión “los principios democráticos en la elección y designación de autoridades y la decisión de implementar medidas de acciones afirmativas en la participación política de grupos de personas históricamente discriminadas”.
El constitucionalista Diego Paredes dice que con la unificación de criterios, la Corte creará jurisprudencia. Estas resoluciones podrán aplicarse en las acciones de protección que aún están en trámite. Aunque recordó que la CC también tiene la facultad de revisar sentencias que ya se emitieron.
La última causa negada ocurrió el 14 de febrero pasado, cuando no se dio paso al recurso y se ratificó a Jhonny Terán Barragán, de 25 años, como vicealcalde de Babahoyo.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), a través de su titular, Raúl Delgado, mostró su desacuerdo con los procesos impulsados por la Defensoría del Pueblo.
Mediante un comunicado, la instancia señaló que la independencia de los Concejos Cantonales “está en riesgo”.
Al respecto, Carrión dice que cualquier acuerdo que exista entre los concejales en pro de la gobernabilidad forma parte del proceso democrático. Pero sostiene que estos deben “subordinarse al principio de paridad de género”.
La CC tiene plazo hasta la segunda semana de marzo para pronunciarse y delimitar la aplicación de la sentencia, así como sus efectos.