El secretario Iván Granda presentó la denuncia en la Fiscalía este miércoles 27 de marzo del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La Secretaría Anticorrupción del Ecuador se pronunció pasadas las 21:00 del miércoles 27 de marzo del 2019, después de conocer que la Fiscalía dijo que el supuesto financiamiento de Venezuela al Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro del correísmo “no configuran un indicio del cometimiento de un delito”.
La entidad, dirigida por Iván Granda, señaló en un comunicado que “sorprende que en un tiempo récord se proceda a descartar cualquier posible irregularidad vinculada al financiamiento de esta organización, sin haber solicitado información de ningún tipo y a ninguna institución”.
Granda denunció el miércoles ante la Fiscalía, que “USD 281 000 que el Gobierno de Nicolás Maduro entregó a la Fundación de Correa representan el salario de 1 170 familias venezolanas durante un año”.
Anticorrupción sostiene que “cumplió con presentar la documentación que pueda aportar en la investigación de las autoridades de justicia” y cuestionó que “en menos de 24 horas del anuncio de inicio de investigación por parte de la Fiscalía, la titular del Ministerio Público ha anunciado que no existe delito en el caso referido”.
La reacción del Gobierno se dio después de que la Institución emitiera un comunicado pasadas las 18:00 del miércoles en el que aseguró haber revisado la documentación entregada por Granda y que se “ha determinado que los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía no configuran indicios de la presencia de una conducta atípica y antijurídica del país”.
“Se concluyó que solo las conductas que se encuentren amparadas por la Ley Penal del Ecuador serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas”, señaló la Fiscalía.
La entidad considera que los hechos denunciados no corresponden “a una conducta penalmente perseguible, ya que los dineros de los cuales se menciona tienen su génesis en los caudales públicos de la república de Venezuela”.
En el supuesto caso -dice la entidad- de que se configure una malversación de dichos fondos, Ecuador y Fiscalía “carecerían de jurisdicción y competencia para intervenir en las investigaciones de su supuesto delito”.
“Esperamos que sea la misma celeridad con la que se atiendan los más de trecientos casos de corrupción presentados desde la Contraloría General del Estado y que hoy reposan en la Fiscalía”, concluyó la Secretaría Anticorrupción, en su comunicado.