31 de October de 2011 13:39

Andino: 'artículo sobre imputación calumniosa a la autoridad está demás'

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Esta mañana, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, escuchó a Christoph Riess, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Discutieron sobre el proyecto de Código Penal y las implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo.

En la cita, desarrollada en la sala de reuniones de la comisión, en el segundo piso del edificio legislativo, el asambleísta de Alianza País comentó que, personalmente, no está de acuerdo con el artículo 119 de la propuesta del Ejecutivo. Este se refiere a la imputación calumniosa a la autoridad.

“Lo tengo señalado con una gran ‘X’ y con la palabra ‘NO’”, admitió. Y aclaró que en cambio sí cree que debe mantenerse en el ordenamiento penal el art. 115 sobre la injuria calumniosa grave. Esto porque la dignidad y reputación de las personas son derechos fundamentales y porque afecta no solo al imputado sino a su familia. “El resto de lo que tiene que ver con las injurias (calumniosas no graves) debe recaer en el ámbito civil, para que a través de una acción por daño moral se reclame una indemnización económica”.

El art. 119 propuesto establece que serán reprimidos con pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de una a 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado, quienes hubieren dirigido a la autoridad imputaciones, que constituyan injuria grave calumniosa.

Andino ratificó que "este artículo estaría demás" porque todos los ecuatorianos son iguales ante la Ley y deben sujetarse al mismo procedimiento. Aunque apuntó que una ofensa o injuria en contra de los presidentes de la República, de la Asamblea y de la Corte Constitucional pudieran ser considerados agravantes.

Señaló, por ejemplo, que no se podía acusar a alguien de estar vinculado al crimen organizado o decir que es un narcotraficante o asesino. “Eso sería una imputación de un delito sumamente grave,  como ha pasado con el Presidente, a quien se le acusó de un delito de magnicidio cuya pena es imprescriptible”, en referencia a la demanda del Ejecutivo en contra de diario El Universo, sus directivos y su director de Opinión, quien a través de su columna escribió un texto sobre el 30-S.

Riess mencionó que le parece que hay un desfase entre los procesos iniciados por el presidente Rafael Correa en contra de El Universo y los autores de El Gran Hermano, sobre los contratos millonarios de Fabricio Correa con el Estado. Esto porque pide indemnizaciones de USD 40 millones y 10 millones, respectivamente.

Riess recordó que la indemnización más alta que ha pagado el Estado fue al padre de los desaparecidos en manos de la Policía, los hermanos Restrepo, por un valor de USD 2 millones, uno por cada uno.

Riess también recordó que los funcionarios de cualquier país “están mucho más en la mira por ser personas públicas”. Pidió ver lo que se escribe diariamente acerca del presidente norteamericano o de Francia o Italia. “La legislación debe ser igual para todos, y de implementarse una forma de prisión para los periodistas, habría una autocensura”.

Romel Jurado, asesor de la mesa de Comunicación, participó de la conversación. Anotó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los funcionarios públicos deben estar más abiertos al escrutinio público, incluso a expresiones más ofensivas, pero de ninguna manera han dicho que se excluya el delito de injurias, como la falsa imputación de un delito, que lesiona la honra.

Andino, quien también preside la mesa que tramita la Ley de Comunicación, pidió responder a una pregunta a Riess y a Rodrigo Bonilla, manager de misiones de Libertad de Prensa de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Les preguntó cuál era su posición acerca de que los medios de comunicación y frecuencias de radio y TV estén concentrados en ocho grupos familiares, que además son propietarios de grandes consorcios comerciales, industriales y bancarios, según un estudio de Unesco, del 2011.

Riess le respondió que ahora el  Estado ecuatoriano tiene una posición bastante fuerte al concentrar algunos medios. También le solicitó comparar lo que ocurre en países como EE.UU., con 250 millones de habitantes. En el Ecuador, con 14 millones de habitantes, no veo que exista un canal de televisión que domine todo ni una radio. Los periódicos son completamente independientes uno de otro, Costa y Sierra y otras provincias, detalló. Y dijo estar abierto para presentar casos a la mesa.

Andino precisió que este proyecto no está dirigido contra los periodistas ni contra ningún determinado sector de ciudadanos del Ecuador, “eso sería funesto”.

Andino informó que recomendó al Presidente de la Asamblea agendar el 15 y 16 de noviembre para el segundo debate de la Ley de Comunicación. Dijo que luego de la discusión en el Pleno le tomaría al menos un mes procesar los cambios sugeridos, además dejar fuera algunos temas que están contemplados en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y lo establecido tras la consulta popular, de mayo de este año.

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