La posición que ha tomado el presidente Rafael Correa, de que la revisión de los pasajes del transporte urbano ya no es de su incumbencia sino de los municipios, no solo debe leerse como una forma de desquite político con los alcaldes de la “restauración conservadora”. Lo que el Mandatario no quiere es asumir el desgaste político que puede generarle la negociación con los choferes: el único actor social con poder de veto que le queda al Ecuador.
Adaptando la teoría de George Tsebelis a la realidad ecuatoriana, se puede afirmar que los transportistas son agentes no institucionales con poder veto. Actores de este tipo son capaces de detener o revertir políticas públicas e incluso amenazar la estabilidad misma del Gobierno (revisar el texto ‘Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador’, Flacso 2009).
En los años 80 y 90, estos ‘veto players’ eran los movimientos sociales, los sindicatos, los grupos indígenas… los choferes. Todos, a excepción de los transportistas, carecen hoy de capacidad de movilización, por la reprimenda que la llamada revolución ciudadana ha emprendido contra ellos.
Los transportistas son el único gremio que se ha librado de la estigmatización del Gobierno en las sabatinas y cadenas. Correa los mimó desde el principio con subsidios para que no subieran los pasajes y la gente no saliera a protestar. El Régimen siempre supo que una protesta de “volantes caídos”, por más pacífica que resultase, sería letal para el ambiente de “estabilidad política” que se pregona por los ingentes recursos públicos y la visión muy poco tolerante de ejercer el poder.
Pero ahora que la plata parece ya no alcanzar, el Régimen ha decidido exponer a los alcaldes a una negociación con los choferes, para que las autoridades locales -incapaces de asumir subsidios- sufran la presión del “último veto player” que le queda al país, con capacidad real de bloqueo si sus necesidades económicas no resultan satisfechas.