La Corte Constitucional (CC) se atrincheró los últimos días de la semana que preceden a un corto feriado, en un hotel de Guayaquil para analizar un proyecto de reformas que podría cambiar el rumbo político del país.
Es uno de los temas sensibles que están planeando sobre la Asamblea Nacional, que en esta jornada semanal consideró entre lo más relevante pronunciarse contra una resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)que condenaba los atropellos a la libertad de expresión en la región y cuestionaba la Ley de Comunicación en Ecuador.
La CC con una reserva y un sigilo que solo abonan a la sospecha se encerró para finalmente dilucidar el camino constitucional por el que deberán transitar las reformas a la Carta Magna propuestas por el bloque oficialista, que en lo medular buscan dar vía libre a la reelección presidencial.
Una de las alternativas era hacerlo con una consulta popular de por medio, que a decir de las encuestas tiene más aceptación de la ciudadanía, aunque implica evidentes riesgos para los gobiernistas.
Una consulta, como además ha sido planteada por grupos de la oposición, supone aglutinar en un solo frente a distintas tendencias políticas en contra de la reelección con probables resultados parecidos a los de las elecciones seccionales del 23 de febrero de este año.
La forma de eludir ese peligro era entregar a la Asamblea la responsabilidad directa de debatir y aprobar las enmiendas o tomar el camino más largo de la convocatoria a una Constituyente.
No sorprende que finalmente se decidiera la fórmula que va en contra de la propuesta de la oposición y evita el sobresalto político de un forcejeo en las urnas.
La mayoría oficialista superará con facilidad las formalidades de los debates y el papeleo para aprobar la reforma justo a tiempo y permitir al actual Presidente candidatizarse el 2017, que sin embargo llegará a ese momento por un camino sembrado de sospechas por la CC y la Asamblea.