Al Gobierno debe preocuparle la decisión de miles de trabajadores y jubilados de acumular sus décimos tercero y cuarto sueldos, en lugar de recibirlos mes a mes, como lo planteó la Ley de Justicia Laboral que introdujo cambios serios al sistema de Seguridad Social.
La preocupación del Régimen, más que económica debe ser política. Según una nota de Diario EL COMERCIO, del jueves 21 de mayo, el 98,1% de los 8 419 empleados de una corporación descartó la mensualización de los décimos. Vale precisar que esta es la empresa privada más grande del país, según el portal de negocios Ekos y, por lo tanto, de las que mayor empleo genera. Por lo que se vuelve un punto de referencia sólido a la hora de afirmar que las recientes reformas del Gobierno resultaron impopulares.
En esa nota se citan a otras empresas grandes, en las cuales la gran mayoría de sus empleados procedió de la misma manera. Pero, sobre todo, llama la atención que ya en la tercera semana de mayo, el 53% de jubilados y pensionistas del IESS haya tramitado su solicitud para recibir de forma acumulada estos ingresos. Es decir, que al menos un 70% lo habrá hecho hasta finales de mes.
¿Qué dirán todas estas personas de la otra pata de la reforma laboral que es mucho más sensible: la no entrega al IESS, por parte del Estado, del 40% de los recursos para el pago de pensiones jubilares? Es casi seguro que la preocupación de los trabajadores por los décimos no será menos intensa que por el futuro de la Seguridad Social.
La vida real es diferente a aquella que se decora desde la propaganda oficial para insistir en que el ‘Ecuador ya cambió’.
Grandes sectores de la sociedad empiezan a mostrar su incomodidad por medidas que buscan corregir desequilibrios fiscales producidos, no solo por la caída del petróleo o el fortalecimiento del dólar, sino por el desempeño económico del Gobierno. Más aún si a las reformas laborales se suman los cambios al impuesto a la herencia, que rinde poco al Fisco pero que puede ahondar el malestar.